Todos los 1° de marzo, por iniciativa del programa de las Naciones Unidas ONUSIDA y desde 2014, se celebra en todo el mundo el Día de la Cero Discriminación. En ese marco, el Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD), como institución de defensa y protección de derechos humanos, sostiene que para alcanzar la cero discriminación es imprescindible garantizar el acceso a la justicia de las personas, en especial de quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad.
El citado organismo de la ONU, en su comunicado por motivo de la fecha, afirma que “estudios recientes han demostrado que esta discriminación social y estructural da lugar a importantes desigualdades en el acceso a la justicia y en los resultados relacionados con la salud.” Por otra parte, menciona al sistema judicial como uno de los “seis entornos principales en los que se producen el estigma y la discriminación y que crean o refuerzan la desigualdad”, según lo ha identificado la Alianza Mundial de Acción para la Eliminación de Todas las Formas de Estigma y Discriminación Relacionadas con el VIH.
A diario, quienes forman parte del MPD, se enfrentan con las situaciones de discriminación que viven las personas que requieren los servicios de la defensa pública oficial. Entre ellas se pueden mencionar las situaciones de pobreza de quienes requieren asesoramiento y/o patrocinio en materia penal o no penal y no pueden afrontar el costo de contratar un abogado particular. Actos de discriminación de muy diverso tipo que tienen por objeto a mujeres y a personas del colectivo LGBTIQ+, que en muchas oportunidades incluyen violencias intolerables y, en los casos más extremos, hasta asesinatos. Personas, en especial las de mayor edad o quienes tienen alguna discapacidad, que deben reclamar por la vía legal para acceder a prestaciones de salud que les niegan los proveedores tanto privados como públicos; asimismo, otras que resultan discriminadas por los servicios estatales de la seguridad social, como las personas que carecen de documentación por ser migrantes. También niñas, niños y adolescentes cuyos derechos o intereses se encuentran comprometidos en casos judiciales o extrajudiciales, como los que se encuentran privados de un medio familiar en el cual poder desarrollarse. Lo mismo sucede con quienes han recibido sentencias referentes al ejercicio de la capacidad jurídica o de implementación de apoyos y salvaguardias. Entre otras muchas situaciones de discriminación que también afrontan quienes se ven privados de acceder a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; las personas peticionantes de refugio, quienes pertenecen a grupos étnicos minoritarios o a los pueblos indígenas, o quienes son víctimas de la violencia institucional, tanto en la vía pública como en contextos de encierro.
El trabajo cotidiano de la defensa pública oficial es, dentro de la medida de sus posibilidades, mitigar esas situaciones de discriminación facilitando el acceso a la justicia para hacer valer los derechos vulnerados. Por eso luchar contra la discriminación es la esencia del trabajo de quienes ejercen la defensa pública y quienes colaboran con ese fin, que, en parte, es el punto de partida para la construcción de una sociedad más igualitaria y democrática.
La prolongación del contexto actual de pandemia mundial por COVID-19 está afectando con mayor dureza a las personas más vulnerables. En ese sentido, desde el MPD se estuvieron desarrollando algunas iniciativas para contrarrestar ese efecto indeseable. Entre ellas se puede destacar:
• La puesta en funciones a defensores/as de la víctima en distintas provincias.
• La defensa de usuarios de cannabis medicinal que fueron criminalizados.
• La intervención en procesos de expulsión del territorio argentino de personas migrantes, especialmente en los que se producen afectaciones a los derechos de niños y niñas.
• La absolución de una mujer víctima de violencia condenada a prisión perpetua mediante una sentencia que careció de enfoque de género.
• La condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado argentino en casos de detenciones ilegales, arbitrarias y discriminatorias; además, un acuerdo en una denuncia contra el Estado por incumplir la obligación de prevenir hechos de violencia de género y, por otra parte, un acuerdo en una causa por el desalojo de una familia sin atender a su condición de vulnerabilidad múltiple.
• El avance en la elaboración de un registro de la violencia institucional carcelaria.
• El acompañamiento en el proceso de reurbanización de los barrios afectados en la denominada causa Riachuelo y el impulso de acciones legales para garantizar el derecho a la vivienda de familias de distintos barrios populares.
• La colaboración en la realización de una guía para la atención de personas gestantes privadas de libertad.
• La obtención de prisión domiciliaria para una joven trans que sufrió discriminación por su género autopercibido mientras cumplía su sentencia.
• El asesoramiento legal gratuito sobre diversas temáticas que brindó el Equipo Acceder en barrios vulnerables.
• El planteó ante los legisladores de la necesidad de reformar la ley de drogas para brindar a los consumidores un tratamiento no penal y enfocado en la salud, y para centrar la persecución penal en las grandes organizaciones de tráfico; asimismo, la propuesta de reformas legales contra la violencia de género.
• El acceso a la asistencia estatal de emergencia de personas migrantes sin DNI; asimismo, la posibilidad de este sector de la población de tramitar el certificado habilitante de circulación.
• La absolución de una persona con discapacidad psicosocial y de escasos recursos que, por ser acusada de narcotráfico, estuvo un año y medio presa sin ningún tipo de apoyo o ajustes razonables.
• El relevamiento de casos de contagio de COVID-19 en cárceles federales, en lugares de internación por salud mental y en centros donde se encuentran institucionalizados niños, niñas y adolescentes; además de la implementación de medidas para resguardar los derechos de las personas allí alojadas.
• La recomendación de la defensora general de la Nación de acelerar las solicitudes de liberación y morigeración de penas con el fin de evitar el hacinamiento carcelario.
• La difusión de los recursos para víctimas de violencia de género durante el aislamiento.
Entre muchas otras iniciativas y esfuerzos que son igual de importantes pero quedan invisibilizadas en el trabajo cotidiano, esa es la manera en que las mujeres y hombres de la defensa pública continúan realizando su aporte concreto a la necesidad urgente de actuar para poner fin a las desigualdades.