En un hecho que puede ser considerado histórico para la justicia argentina, se realizó la primera jura de un defensor público víctimas. Los protagonistas de este acontecimiento, que tuvo lugar hoy al mediodía de manera virtual, fueron la defensora general de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez, y el Dr. Carlos Nicolás Escandar, quien se constituyó en el primer defensor público de este tipo que entró en funciones y tendrá asiento en la provincia de Salta.
En su discurso previo a la toma del juramento, la defensora general de la Nación sostuvo que “este es un día histórico para el Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD) y para el país porque asistimos a la jura del primer defensor público de víctimas. Esta es una figura pionera que no existe en los sistemas de justicia de ninguna provincia ni en ningún otro lugar de Hispanoamérica.”
Martínez agregó que “desde hace tiempo se reclamó la presencia activa de las víctimas en los procesos penales, a quienes por mucho tiempo se les asignó un rol de objetos de prueba; las víctimas más vulnerables que no podían pagar un abogado normalmente no eran escuchadas, eran ignoradas, no se las tenía en cuenta. Esta nueva figura tiene una misión fundacional en la ampliación de los derechos de las víctimas y en favorecer su acceso a la justicia".
Para finalizar, la defensora general indicó que "ya en la Defensoría General de la Nación hace muchos años que tenemos patrocino para víctimas de ciertos delitos. Pero la figura del defensor de víctimas es mucho más fuerte, habrá una experticia mayor en el tema; deberán formar una jurisprudencia y una práctica que aún no existe, porque no teníamos defensores especializados en la temática. Por eso hoy es un día tan especial para las víctimas, para el Ministerio Público de la Defensa como institución, y para el país".
Este nuevo magistrado del Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD) y los próximos/as que asuman las mismas funciones en las 22 provincias restantes y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), a medida que el Senado de la Nación apruebe los pliegos y el Poder Ejecutivo dicte los decretos designación, cumplirán un rol jurídico y social de relevancia al garantizar el acceso a la justicia de aquellas personas que sean víctimas de delito y se vean limitadas de ejercer sus derechos en razón de su carencia de medios o por poseer alguna otra condición de vulnerabilidad.
Presenciaron la jura por videoconferencia la presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, Dra. Ángela Ledesma; el coordinador general del Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, Dr. Maximiliano Benítez; representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. También estuvieron presentes secretarios generales de la Defensoría General de la Nación (DGN), magistrados y funcionarios del Ministerio Público de la Defensa y Fiscal de la Nación y del Poder Judicial de la Nación y de la provincia de Salta; además de familiares y amigos del Dr. Escandar.
El camino hacia la primera jura
El 13 de julio de 2017 el Congreso de la Nación aprobó la ley 27.372 de los Derechos y Garantías de las Víctimas de Delito. Allí se estableció que las personas que sufren un delito tienen derecho a ser asesoradas, acceder a la justicia, recibir protección y a ser escuchadas durante el proceso penal y en la etapa de ejecución de la pena. Para eso, los legisladores previeron que las víctimas que no tengan medios económicos o que por algún otro motivo sean vulnerables cuenten con asistencia jurídica gratuita, que incluye los servicios de un abogado para defender sus derechos y para ser querellantes.
La ley 27.372 también creó en el ámbito del MPD veinticuatro cargos de defensor público de la víctima -uno por cada provincia más uno por la CABA-, la norma, además, prevé que estos magistrados reciban la colaboración de los defensores públicos coadyuvantes del MPD en el ejercicio de las funciones a fin de asegurar una efectiva prestación del servicio.
La decisión institucional de garantizar la pronta puesta en marcha de esta ley, llevó a que el 22 de agosto de 2017 la Defensoría General de la Nación (DGN) realizara la primera convocatoria a los concursos para designar en cada una de las provincias argentinas y en CABA un defensor oficial de las víctimas para tomar intervención en los procesos penales. A su vez, el 1 de octubre de 2018 la defensora general estableció los criterios de intervención del MPD para el ejercicio de esa función. Así, para dar cumplimiento a la ley, se fijó que cada solicitud de patrocinio sería evaluada teniendo en cuenta la limitación de los recursos económicos o vulnerabilidad de la persona peticionante y la especial gravedad institucional de los hechos denunciados.
Al día de hoy, la DGN ya emitió las resoluciones de aprobación de todos los concursos y remitió al PEN las nóminas de candidatos/as para designar a estos 24 magistrados/as. Algunos de esos pliegos ya fueron aprobados o se encuentran pendientes de aprobación por la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación y se prevé que los/as designados/as presten juramento a la brevedad.
Cabe recordar que, antes de la existencia de la ley 27.372 y en cumplimiento de las recomendaciones de distintos instrumentos internacionales de derechos humanos, desde 1999 la Defensoría General de la Nación ya contaba con el Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos, a través del cual el organismo ha venido garantizando hasta el día de hoy la representación legal de víctimas de delitos. Vale destacar, también, que esta función fundamental de brindar asistencia jurídica a víctimas de delito, fue incluida de modo expreso en la ley orgánica del Ministerio Público de la Defensa n° 27.149 (artículo 11), sancionada por el Congreso de la Nación en julio de 2015.