Todos los años, el 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Personas con Discapacidad con el objetivo de promover la inclusión y el bienestar de dicho grupo en todos los aspectos del desarrollo social. En el presente año, signado por los efectos del virus COVID-19, el Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD) adhiere a la convocatoria de las Naciones Unidas, bajo el lema "Reconstruir mejor: hacia un mundo inclusivo, accesible y sostenible después del COVID-19 por, para y con las personas con discapacidad", y destaca la importancia de aunar los esfuerzos del Estado, el sector privado y la sociedad civil para arribar a una respuesta a la pandemia que tenga en cuenta a las personas con discapacidad.
La aparición del COVID-19 en todo el mundo impactó de forma agravante en la situación de vulnerabilidad que atraviesan las personas con discapacidad. Así, en 2020 surgieron mayores desafíos para garantizar el derecho a la comunicación mediante el uso del lenguaje simple y claro que asegure el consentimiento informado; para brindar la contención adecuada y facilitar la internación domiciliaria cuando se la requiera o para que se realicen los ajustes razonables en la atención médica; asimismo, para proveer a las personas con discapacidad de los apoyos de especialistas que habitualmente las asisten, entre otros.
Es destacable que, durante la pandemia de COVID-19, el MPD, a través de las diversas áreas que patrocinan a personas con discapacidad, realizó gestiones para obtener a favor de sus asistidos/as prestaciones médicas del INSSJP-PAMI, del Ministerio de Salud y otras obras sociales. También atendió consultas de distintas dependencias y requirió contactos digitales de organismos tales como ANSES, INSSJP-PAMI, Banco de la Nación Argentina y obras sociales para diligenciar oficios judiciales en forma remota; entre otras acciones orientadas a brindar mayores oportunidades y a eliminar los obstáculos para la integración de las personas discapacitadas. Por último, destacamos que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha realizado distintos esfuerzos para lograr que las personas con discapacidad no sean excluidas dado el contexto vigente.
Por otra parte, merecen una mención especial los casos en que personas con discapacidad psicosocial resultan encarceladas al ser acusadas de delitos, especialmente de violaciones a la ley de estupefacientes. A pesar que durante los procesos de investigación las defensas demuestran el impedimento que tienen estas personas para comprender el valor de sus actos y que, además, los tribunales penales de mayor jerarquía recomendaron que, en el marco de la pandemia de COVID-19 y por el hacinamiento que se registra en las cárceles argentinas, se otorgaran medidas alternativas a la prisión efectiva, muchas veces estos casos no son tenidas en cuenta por los operadores de la administración de justicia. De ese modo, las personas con discapacidad acusadas atraviesan largos períodos de detención hasta que las causas son elevadas a juicio, lo que agrava aún más la situación de extrema vulnerabilidad que viven. Estas detenciones violan las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de las personas con discapacidad ya que se desarrollan sin ningún tipo de apoyo o ajustes razonables en las cárceles.
Teniendo en cuenta que la Organización de las Naciones Unidas estima que el 15 por ciento de la población mundial, vive con algún tipo de discapacidad, el MPD expresa en este día su profundo convencimiento de que la efectivización plena y completa de los derechos humanos de todas las personas con discapacidad es indispensable para la vigencia de los derechos y libertades fundamentales.