Hoy por la mañana, la defensora general de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez, y tres magistrados del Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD) expusieron durante una reunión por videoconferencia de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado nacional, que se realizó con motivo de cumplirse 30 años de la vigencia de la ley 23.737 de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes.
El objetivo del encuentro fue realizar un análisis crítico de esa norma con la finalidad de introducir en ella futuras modificaciones. La reunión virtual contó también con la participación de funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación.
La audiencia remota comenzó a las 10 de la mañana con la disertación de la defensora general. En su exposición, Martínez afirmó: "Necesitamos que los esfuerzos de persecución penal se centren en las grandes organizaciones de tráfico de drogas y no en sus víctimas, en los consumidores o en quienes necesitan la sustancia por razones de salud." En ese sentido, también sostuvo que "es urgente que haya un tratamiento legislativo del cultivo de cannabis por razones de salud", para desvincularlo de la persecución penal. La titular del organismo remarcó, además, la necesidad de que se incluya en la ley de drogas una cláusula de exención de la responsabilidad penal para los casos en que se determine que quien transporta estupefacientes -sobre todo el transporte que realizan las llamadas "mulas"- ha sido víctima del delito de trata de personas.
Por el MPD, también participó la Dra. Clarisa Galán Muñoz, coordinadora general de defensa de la jurisdicción federal de Salta. La defensora, tras cruzar su experiencia en la jurisdicción con datos del Servicio Penitenciario Federal, concluyó que "las cárceles federales del NOA están llenas de los últimos eslabones de las organizaciones de narcotráfico, que usan a mujeres necesitadas, a personas discapacitadas y en muchos casos analfabetas para distraer a las autoridades cuando se trasladan grandes cargamentos de drogas."
En continuidad con la mirada crítica, el Dr. Gabriel Ignacio Anitua, a cargo de la Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico N°1 de la Capital Federal, calificó a la ley 23.737 como "un fracaso que sirvió para vulnerar derechos a los más necesitados." Y especificó que "el problema se agravó en 2017, cuando se aumentó la pena efectiva a las mulas y al pequeño tráfico [en alusión a la reforma introducida al Código Penal por la ley 27.375]. Por eso se requiere bajar el mínimo de las penas de estos delitos para que se apliquen condenas condicionales y así reducir el hacinamiento carcelario."
El último integrante del MPD en intervenir fue el Dr. Pablo Eduardo Ordóñez, defensor público oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia N° 1 de La Plata, quien centró su discurso en los perjuicios que la actual ley de drogas genera en quienes requieren el uso de cannabis con fines medicinales. "Tenemos que reformar la ley de drogas para compatibilizarla con la ley de cannabis medicinal, para que se detenga la criminalización de las personas que requieren de esa sustancia para acceder a un nivel adecuado de salud", sostuvo.
La actividad, que tuvo una edición anterior en la que los senadores escucharon la opinión de jueces y fiscales, también contó que exposiciones de funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación. Por esa cartera del Poder Ejecutivo, participaron el Dr. Eduardo Villalba, secretario de Seguridad de la Nación; la Dra. Valentina Novik, subsecretaria de Investigación Criminal y Cooperación Judicial; y la Dra. Silvia La Ruffa, subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa de dicho ministerio.