El Comité de los Derechos del Niño celebró la decisión del Estado Argentino de no expulsar del país a una madre de tres niñas/os, en un caso patrocinado por la defensa pública ante dicho organismo internacional.
Se trata de un caso presentado por la Defensoría General de la Nación en el año 2019. Allí se denunciaron ante el Comité de los Derechos del Niño afectaciones a los derechos de niños y niñas: al debido proceso, a participar y ser oídos con garantías adecuadas, a contar con defensa técnica, a que su interés superior sea considerado primordial, a no ser separados/as de sus progenitores, a no sufrir injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, y a su supervivencia, identidad, desarrollo e integridad personal, todo en el marco de un proceso de expulsión del país seguido contra su madre, que tramitó por distintas instancias administrativas y judiciales. A su vez, se indicó que estas prácticas lesivas de los derechos de los niños y niñas excedían el caso particular y se presentaban como constantes en los procesos de expulsión seguidos respecto sus padres y madres migrantes, en los que no se verifica una adecuada ponderación de los intereses y derechos en juego.
En el ámbito local, la madre fue asistida por la Comisión del Migrante de la DGN en las instancias administrativas y judiciales, incluida la Corte Suprema de Justicia que rechazó la revisión de su recurso. Una vez que se agotaron las vías internas de reclamo, el caso fue llevado, en favor de sus hijas/os, al sistema de Naciones Unidas por la Sra. Defensora General de la Nación, a través del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del organismo.
A propósito de la denuncia internacional, con fecha 10 de julio de 2019 el Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones, actuando a nombre del ilustre Comité de los Derechos del Niño, solicitó al Estado parte "la no devolución de la madre de los autores a su país de origen, Perú, mientras el caso se encuentre pendiente ante el Comité." Con motivo de esa indicación, el Estado Argentino suspendió la orden de expulsión en marzo de 2020. Luego, en marzo de 2020, la madre obtuvo su residencia permanente en el país, en atención al principio de unidad familiar y a la tutela de sus hijas/os argentinos.
En el día de ayer el Comité celebró la resolución local de la controversia a través de un comunicado. Allí, la miembro del Comité y presidenta del Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones Individuales, Ann Skelton, señaló que si la señora hubiera sido expulsada "sus hijos habrían tenido que ser separados de su madre u obligados a dejar Argentina, el único país que conocen, su país de nacionalidad y nacimiento", y agregó que "ambas opciones habrían tenido impactos en la integridad personal, la identidad y el desarrollo de los niños."
Este caso representa la primera vez que la defensa pública utiliza el sistema de comunicaciones individuales del Comité de los Derechos del Niño, que se encuentra en vigor para el país desde el mes de julio de 2015. La Defensoría General de la Nación agradece la oportuna intervención del ilustre Comité y valora la buena voluntad expresada por las autoridades nacionales en la resolución local del caso.