El 30 de agosto fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
El Dr. Luciano Hazan, presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de las ONU y coordinador del Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación (DGN), es una de las voces más autorizadas para explicar qué es y qué implicancias tiene ese concepto -la desaparición forzada de personas- en términos políticos y de derechos humanos a nivel nacional e internacional. A continuación, su palabra:
Luciano, ¿qué es la desaparición forzada de personas (DFP)?
En términos técnicos, la DFP es un crimen internacional que, cuando se da en el marco de un plan sistemático y generalizado contra la población civil, incluso es considerado un crimen contra la humanidad. La DFP tiene tres elementos. Uno es la privación de libertad de una persona, que no necesariamente tiene que ser ilegítima desde el inicio, sino que puede partir de una detención legítima. Pero tiene otros dos elementos que luego tornan a esa privación de libertad en ilegal e ilegítima. Estos son la participación del Estado, que puede ser a través de la actuación directa de agentes del Estado o a través de particulares que cuenten con el apoyo o aquiescencia del Estado. El tercer elemento es el ocultamiento de información sobre el paradero de la persona o la negativa por parte del Estado a dar información sobre la privación de libertad de esa persona.
Pero desde el aspecto cultural, sociológico o criminológico, la DFP se trata de una herramienta que utilizan los Estados desde hace varias décadas, en principio para perseguir a la disidencia política y al mismo tiempo generar terror en el resto de la población para disciplinarla. Esta práctica fue utilizada históricamente y en un inicio por gobiernos autoritarios y dictaduras, pero sobrevive en diferentes contextos y con distintas modalidades en nuestros días. En la Argentina de hoy, en particular, funciona como una manera de buscar impunidad por parte de las fuerzas de seguridad que siguen torturando en especial a jóvenes de extractos sociales pobres, que mueren en ese marco y luego los desaparecen para lograr la impunidad. En este contexto, desde la Defensoría General de la Nación se han formado equipos de trabajo para patrocinar a los familiares en los casos de las desapariciones forzadas de Franco Casco, en Rosario; y de Iván Torres Millacura, en Comodoro Rivadavia.
¿Cuáles son los derechos humanos que se vulneran en un caso de DFP?
Desde que se empezó a desarrollar el concepto jurídico de DFP se ha dicho que es un delito pluriofensivo. Esto quiere decir que en la DFP se violan una cantidad de derechos reconocidos en convenciones y tratados internacionales, como el derecho a la libertad y seguridad de la persona, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la identidad en el caso de la desaparición de niños, el derecho a no ser sometido a tortura, el derecho a la vida, el derecho a un juicio imparcial y a las debidas garantías judiciales, y el derecho a un recurso efectivo. Con el desarrollo del derecho internacional en esta materia, sobre todo desde la aprobación en 2006 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, se creó de forma específica el derecho a no ser sometido a DFP. Esa convención es importante, entre otras cosas, porque reconoce como víctima no sólo a la persona detenida y desaparecida, sino también a toda persona que se vea afectada de manera directa por el delito, incluyendo de esta manera a los familiares.
¿Cómo se relaciona la DFP con la situación política interna de un país?
La DFP, como crimen de Estado, yo creo que está íntimamente relacionada con la debilidad de las instituciones. En general, si funcionan las instancias judiciales tiende a no existir la impunidad que caracteriza a la DFP. En cambio, la falta de respuesta de los Estados en materia de investigación, persecución penal y juzgamiento fortalece la impunidad y genera un contexto en el cual las DFP se repiten.
¿Cuáles son los sectores o grupos de la sociedad que más sufren la DFP?
Como ya comenté, en un principio este delito tuvo como objetivo a quienes ocupaban un rol de oposición a gobiernos autoritarios. Después la práctica de la DFP fue variando y hoy hay países en los que las desapariciones están focalizadas en defensores de derechos humanos, ambientalistas y dirigentes sociales. También en muchos casos, como pasó en Argentina, han sido víctimas los familiares que buscaban a los desaparecidos, que también sufrieron ejecuciones extralegales, persecuciones, detenciones ilegales y estigmatización.
Pero hay un grupo especialmente vulnerable para la DFP, que ha sido tratado por distintas instancias de Naciones Unidas a partir de un comentario general del Grupo de Trabajo sobre DFP, que son las mujeres. Ellas han sido afectadas por la DFP por ser víctimas directas, lo que en muchos casos también incluye agresiones sexuales. Además, como sabemos de Argentina, cuando estas mujeres víctimas estaban embarazadas eran sometidas a parir en condiciones de sujeción, sus niños eran robados y entregados a otras familias con la sustitución de sus identidades. Pero, además, las mujeres han llevado adelante un rol trascendental en la búsqueda de las personas desaparecidas y por eso también vieron vulnerados sus derechos. Por otra parte, debido a la organización patriarcal de nuestra sociedad, en los casos en que se desaparece al padre de familia, que lleva el sostén económico del grupo, las mujeres, niños y niñas se ven vulnerados por la carencia de ese sustento y por tener que buscar a su familiar en un contexto de penuria económica y una fuerte estigmatización. Por eso es claro que las mujeres son un grupo social especialmente vulnerado por las DFP.
Entre los mecanismos que se han ideado en el ámbito internacional para combatir la DFP se encuentra el Grupo de Trabajo de la ONU sobre esta temática que vos presidís, ¿Cuáles son las funciones del Grupo y cómo trabaja con las familias de las víctimas y con los gobiernos?
El Grupo se creó en 1980. Lamentablemente, durante estos 40 años la necesidad y el trabajo fueron en aumento. El paso del tiempo no solucionó el problema, sino que lo perpetuó y lo agravó.
La función primordial del Grupo es lo que se conoce como “mandato humanitario.” Es decir que se creó para generar un canal de comunicación entre las familias de las personas desaparecidas y los Estados que hacían y hacen oídos sordos ante los reclamos.
En muchos casos, reclamar por una DFP implica poner en riesgo la propia vida. Por eso, muchas veces, en el Grupo de Trabajo recibimos peticiones de familias que no se han animado a hacer ningún tipo de presentación al Estado de su país por miedo a represalias.
El procedimiento humanitario es confidencial y busca instar a los Estados a que investiguen las desapariciones y a que lleven adelante instancias de búsqueda eficaces para dar a conocer el paradero de la persona desaparecida.
Por otro lado, en 1992 la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas -que es distinta de la Convención-, la que impacta sobre todos los Estados que forman parte de la ONU, sin necesidad de ratificar ningún tratado. A partir de ello, el Grupo de Trabajo sumó la función de monitoreo del cumplimiento de la Declaración, que tiene cláusulas muy importantes tendientes a la búsqueda de la persona desaparecida y del esclarecimiento de la verdad, a la sanción de los responsables, pero también al desarrollo de políticas preventivas y de reparación a las víctimas. Muchas de las normas de la Declaración también propician un mejor funcionamiento de los sistemas de privación de libertad, para evitar que por sus falencias también se generen DFP.
¿La República Argentina es parte de las Convenciones de Naciones Unidas y de la OEA sobre DFP?
Argentina es parte en la Convención Interamericana, que fue aprobada en 1994 y fue incorporada a la Constitución Nacional. Por lo tanto, todas sus cláusulas son constitucionales para el Estado y pueden ser aplicadas por los jueces argentinos con esa fuerza. Nuestro país también ratificó la Convención Internacional en 2006 y fue uno de los países que más la impulsaron. De hecho, es uno de los denominados “Estados amigos” de la Convención, porque promueve su ratificación universal en el ámbito de las Naciones Unidas.
¿Cuáles son las regiones o países más afectados por la DFP en la actualidad?
Es importante decir que -si bien el concepto de DFP y el desarrollo normativo se da en particular en América Latina a partir de las dictaduras de los años '70 y '80- este delito ocurre hoy en todos los continentes del mundo.
América Latina dejó de tener dictaduras militares, pero con el paso de los años siguió habiendo DFP y en algunos países de manera masiva. Afortunadamente, en otros países, como en Argentina, dejó de haber desapariciones a ese nivel, pero ese delito aún ocurre de manera más aislada, aunque constante, con casos en distintas provincias todos los años.
Pero, como decía, hay DFP de manera masiva en todos los continentes. Hay problemas graves en Asia, en África, en Europa central y en Norteamérica -en México, por ejemplo, sigue habiendo muchas desapariciones-; en América Central las hubo, pero afortunadamente la situación también ha mejorado como en Sudamérica.
También es importante plantear que ha habido procesos de desapariciones forzadas transnacionales, donde han intervenido distintos países. Tenemos como origen lo que fue el Plan Cóndor; luego tuvimos la etapa de lo que se conoció como “rendiciones extraordinarias”, promovidas en particular por los Estados Unidos después del 11 de septiembre de 2001; y ahora lo que estamos viendo es a distintos países que impulsan y promueven la detención de personas fuera de su territorio con participación de sus servicios de inteligencia, trasladando a las víctimas de manera irregular a sus países y sometiéndolas a desaparición forzada, contraviniendo el principio de no devolución. Es decir que lo que vivimos a partir del Plan Cóndor también sigue siendo un problema hoy en el mundo.