Ayer por la tarde comenzó, a través de la plataforma Zoom, el ciclo de conferencias sobre “Temas de la Defensa Pública”, organizado por el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina.
La primera conferencia, “Violencia institucional y Defensa Pública”, fue presentada por la defensora general de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez, y contó con la participación como expositores del Dr. Luciano Hazan (presidente-relator del Grupo de trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU y coordinador del Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación) y del Dr. Gustavo Palmieri (comisionado del Comité Nacional contra la Tortura y profesor de Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús). La mesa estuvo coordinada por el Dr. Maximiliano Benítez (defensor general ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos y coordinador del Consejo Federal) y el Dr. Arsenio Francisco Mendoza (ex defensor general de la misma provincia y asesor ad honorem del Consejo Federal).
Durante su presentación, Martínez destacó que “para la Defensa Pública los delitos de violencia institucional han implicado un cambio de mentalidad que comenzó por la percepción sistemática de todos los defensores de ver cómo nuestros defendidos que habían sido víctimas de malos tratos, torturas y de hechos más graves aún, muy pocas veces se animaban a denunciar, y cuando esto ocurría, los operadores judiciales no creían en lo que decían”. En ese sentido, señaló que “en la Defensoría General de la Nación (DGN) trabajamos desde el Programa contra la Violencia Institucional en la elaboración de un banco de datos para que aquellas personas que han sufrido este tipo de delito y no quieren denunciarla, pero sí quieren que exista un registro, se lo puedan hacer saber a los defensores y nosotros anualmente podamos hacer las denuncias ante los ministerios respectivos”.
Por su parte, Hazan hizo mención a la creación en 2013 del Programa contra la Violencia Institucional, que “nació con el objetivo de dar una respuesta integral desde la Defensa Pública, procurando dar una mejor asistencia a las víctimas y fortalecer la cooperación con las defensorías y también con otras entidades públicas y privadas que trabajan sobre la temática. Lo que intentamos hacer es una suerte de mapa de la violencia institucional”. Luego de contar las tareas y funciones específicas que realiza el Programa, celebró la realización de estos encuentros que “ojalá sean el puntapié inicial para llevar adelante una red de las oficinas de violencia institucional de las defensorías del país que puede ser muy necesaria”
Para Gustavo Palmieri “este intercambio es muy importante porque el trabajo que hacemos desde el Comité Nacional contra la Tortura con las defensorías de todo el país es fundamental, es una alianza central por todo el trabajo que se hace desde ellas en materia de prevención de torturas. De hecho, la primera reunión que tuvo el Comité con un órgano colegiado fue con el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina”.
A su vez, Maximiliano Benítez celebró la realización del ciclo de conferencias y apuntó que “desde el Consejo Federal teníamos desde el año pasado la idea de hacer este tipo de encuentros regionales para que puedan interactuar los defensores de diferentes regiones del país”.
El Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina
La Asociación Civil Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, cuyo principal objetivo estatutario es diseñar acciones que permitan avanzar en la senda del fortalecimiento institucional de la Defensa Pública en el país y promover su autonomía e independencia, está integrada por los representantes de máxima jerarquía en el ejercicio de la defensa pública en todo el territorio nacional: por la Defensoría General de la Nación, los Defensores Generales de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Defensores Generales ante las Cortes Supremas o Superiores Tribunales de Provincia, y los titulares de los Ministerios Públicos Pupilares o Tutelar de las provincias. Es de destacar que estas instituciones propenden a garantizar la protección de los derechos humanos como así también el acceso a justicia y la asistencia jurídica integral de todas las personas, en especial de aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad.
