La defensora general de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez, participó ayer de manera virtual del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Asuntos Penales del Senado de la Nación. Allí expuso sobre el proyecto de ley de organización y competencia de la justicia federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en las provincias.
Al iniciar su exposición, la defensora general sostuvo que "la reforma al funcionamiento de la justicia federal es muy necesaria y urgente." Sin embargo, señaló algunos problemas que presenta el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Senado. En ese sentido, se refirió principalmente al escaso número de defensorías oficiales que se prevé crear, lo que, en su opinión, generará un déficit que impedirá el adecuado funcionamiento del procedimiento penal acusatorio, cuya implementación estipula el propio proyecto.
"La defensa pública absorbe el ochenta por ciento de los casos penales, a eso se suma la intervención que realizan los defensores en representación de niños, niñas, adolescentes y personas sobre las que recayó sentencia referente al ejercicio de la capacidad jurídica, también el trabajo de representación de víctimas de trata de personas, tanto como querellantes como patrocinándolas para que obtengan una reparación civil; si se va a utilizar este modelo, me parece que habría que adecuar los números", opinó.
Al referirse a la fusión de los fueros Contencioso Administrativo y Civil y Comercial, Martínez señaló: "en CABA nos vamos a quedar, a lo sumo, con dos defensores frente a la totalidad de juzgados que surjan de la fusión. En Ciudad, frente a una emergencia, se pueden asignar los recursos de la Defensoría General de la Nación, pero en algunos lugares del interior esas situaciones críticas no se pueden paliar."
Sobre el funcionamiento de la justicia federal en las provincias argentinas, la titular del Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD) sostuvo que "los números son mucho más alarmantes." "Se proyecta crear 94 juzgados, 85 fiscalías y 23 defensorías; el sistema acusatorio no va a tolerar esta desproporción", advirtió. También comentó que la justicia federal en muchas jurisdicciones tiene poco trabajo en materia penal y la mayor trabajo de los defensores federales se concentra en causas ligadas a cuestiones previsionales, amparos por prestaciones de salud, acciones de daños por responsabilidades del Estado federal, derechos de poblaciones indígenas, de migrantes y daños ambientales de jurisdicción federal. "Hay que volver a mirar el mapa, ver dónde hay más trabajo civil y dónde hay más trabajo penal, para reforzar a la justicia adecuadamente en esos lugares donde más se necesita", sugirió.
Martínez destacó como modelos "muy virtuosos" del sistema acusatorio a los de las provincias de Chubut, Neuquén, Entre Ríos y Río Negro, y afirmó que el proyecto para la justicia federal podría haber utilizado sus parámetros; en especial, en lo atinente a la proporción entre jueces/zas, fiscales y defensores/as.
Por otra parte, la defensora calificó de "muy positivo" que, a partir de los concursos que se realicen para cubrir los cargos que el proyecto crea, "quizás se resuelva el problema de la paridad de género en la justicia federal."
Cuando la consultaron sobre los recursos con los que cuenta el MPD para la aplicación del sistema acusatorio, la defensora general informó que serán necesarios mayores insumos, sobre todo vinculados a recursos informáticos para grabar las audiencias, a peritos e investigadores que apoyen a la labor de la defensa. "Los refuerzos principales tienen que ser de magistrados/as, porque un sistema acusatorio requiere evitar la delegación excesiva de funciones y para eso es necesario aumentar su cantidad", afirmó.
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