Luego de que la defensora pública oficial de la Coordinación General de Defensa de la jurisdicción federal de Salta, Ana Clarisa Galán Muñoz, iniciara múltiples gestiones, se llevó a cabo en la ciudad de Salvador Mazza la repatriación de 48 personas ciudadanas detenidas en el Servicio Penitenciario Federal, entre ellas, una mujer con su hija, de nacionalidad boliviana que habían sido expulsadas del país.
Las personas involucradas se encontraban en condiciones de ser expulsadas, dado que el acto administrativo estaba firme y consentido. De esta forma, la condena que se les fijó quedó extinguida, excepto que regresen al país.
Un dato no menor es que el trámite en la provincia de Salta se encontraba suspendido desde diciembre de 2019 y se demoró aún más por el inicio de la pandemia. Es por ello, que las autoridades argentinas tuvieron que hacer una excepción al cierre de fronteras para concretar la medida.
Para la defensora Galán Muñoz “es importante destacar el trabajo coordinado entre la Coordinación General de Defensa de la jurisdicción federal de Salta, las autoridades del Complejo Penitenciario de Güemes del Servicio Penitenciario Federal y quienes están a cargo de migraciones en Salta y Jujuy, que permitieron hacer estas salidas por la única frontera terrestre con Bolivia”.
En el caso de dos personas que se encontraban detenidas en Buenos Aires, durante estos cuatro meses, se logró trasladarlos al penal federal de Salta, contando con la colaboración de la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación (DGN), del Consulado de Bolivia en Buenos Aires y la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), que los incluyó en la nómina de personas repatriadas, sumándoles un requisito adicional hasta ahora no presente al solicitar el hisopado previo al egreso del territorio nacional, que fue autorizado por la justicia y llevado a cabo en el establecimiento carcelario.
Martín Fiuza Casais, defensor público coadyuvante de la Comisión del Migrante de la DGN, sostuvo que dado el contexto y las restricciones propias de la pandemia, desde la Comisión “se intentó enlazar a los diferentes actores involucrados en los procesos de extrañamiento para la búsqueda de alternativas que permitan ejecutarlos”.
“Así, se puso fin al estado de encierro de los condenados extranjeros que han consentido expresamente el regreso a su país. En la actualidad, esta gestión de la Comisión se ha proyectado respecto de la mayoría de los países limítrofes”, agregó Fiuza, quien explicó que en este tipo de procedimientos “convergen insoslayablemente la actuación de las defensorías públicas oficiales a cargo de la asistencia letrada de la persona privada de la libertad, los Juzgados de Ejecución Penal o Tribunales Orales Federales, el área de extranjeros judicializados de la DNM, las autoridades del Servicio Penitenciario Federal y, fundamentalmente, el Consulado del país del extranjero”.
Está previsto que para el próximo miércoles se lleve adelante la repatriación de otras 20 personas.