Hace exactamente dos semanas, en el marco de una conferencia virtual organizada por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, fue clara: "hemos llegado a una situación en la que todo aquel que conozca la situación de las cárceles y no diga que son lugares en los que sistemáticamente se violan los derechos humanos, está mintiendo. Las cárceles hoy en día en Argentina y en toda América son lugares de castigo."
En relación con la situación actual de las cárceles federales argentinas, en el día de ayer, Martínez, al intervenir en la VIII Sesión Extraordinaria sobre los Mecanismos de Monitoreo de los Centros de Detención organizada por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la Organización de Estados Americanos, afirmó que "en este momento de doble crisis que afecta a los privados de libertad, consistente en la emergencia por la hiperpoblación de los establecimientos carcelarios y por la situación sanitaria del COVID-19, la Defensoría General de la Nación (DGN) está investigando los alcances de los casos en los que la violencia institucional se traduce en falta de atención sanitaria, para establecer cuáles son las medidas que la defensa pública debería tomar."
Es con esas palabras resonando, que desde el Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD) conmemoramos hoy el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Torturas.
Creemos que está fecha -instituida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) evocando la entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (1987)- no es una efeméride más: es, sí, una nueva oportunidad para sensibilizar, pensar y actuar.
En un contexto inédito a nivel mundial debido a la pandemia de COVID-19, creemos que todas y todos, instituciones estatales y privadas, comunidades e individuos, estamos en condiciones de detenernos y aceptar ser interpelados por una realidad que nos devuelve una imagen dura: desde el asesinato de George Floyd en EE.UU. hasta la situación de hacinamiento en las cárceles de América Latina, pasando por los casos de violencia institucional que se viven en prácticamente todos los países del mundo en un marco de mayor vulnerabilidad por las restricciones propias de las medidas preventivo sanitarias.
Argentina no escapa, ciertamente, a esa situación. Por eso, en el país y en el marco del MPD, funciona un Programa contra la Violencia Institucional y una Unidad de registro, sistematización y seguimiento de hechos de tortura y otras formas de violencia institucional. Con ambos se aborda la problemática de la tortura y se procura su prevención, investigación eficaz, sanción y reparación integral, además de brindar asistencia jurídica, psicológica y social a las víctimas y sus familiares.
"Este 26 de junio debemos utilizarlo para renovar la conciencia sobre estas situaciones de graves violaciones a los derechos humanos que son inaceptables, y trabajar en la empatía social hacia las víctimas, en general de los sectores más vulnerables. Desde los estados, se torna urgente la reforma estructural de los espacios de privación de libertad y de las fuerzas de seguridad, así como la creación de mecanismos eficaces de protección a quienes denuncien los hechos para acabar con la impunidad", resume Luciano Hazan, coordinador del Programa contra la Violencia Institucional de la DGN.