Todos los 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Este año, los niños, niñas y adolescentes (NNyA) se encuentran en especial situación de riesgo porque la pandemia de COVID-19, que ha impactado en la economía global, los está arrastrando a realizar ocupaciones y tareas laborales riesgosas, o a la servidumbre y la explotación.
Desde la Defensoría General de la Nación, el Programa de Asesoramiento y Patrocinio para las Víctimas del Delito de Trata de Personas advierte que el llamado trabajo infantil no es trabajo, es trata, servidumbre y explotación.
En Argentina, los NNyA tienen derecho a la vida, a la intimidad, a la salud, a la educación, a hacer deporte y a jugar, entre otros derechos. Nadie puede obligarlos a trabajar porque está prohibido. La Convención sobre los Derechos del Niño, que Argentina suscribió en 1990, reconoce el derecho de NNyA a estar protegidos contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.
La Organización Internacional del Trabajo ( OIT) estima que en el mundo ya hay 152 millones de NNyA en situación de trabajo infantil, lo que representa uno de cada diez niños a nivel global. Del total, 72 millones realizan trabajos considerados peligrosos. Se calcula que 88 millones son varones y 64 millones son niñas.
Se espera que la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 afecte sobre todo a los países más pobres y a las personas más vulnerables como los NNyA en situación de trabajo infantil, y las víctimas de trata de personas, en especial las mujeres y las niñas.
Por eso, este año el Programa de Asesoramiento y Patrocinio para Víctimas del Delito de Trata de Personas de la DGN se suma a la campaña de la OIT y de Naciones Unidas (ONU) Protejamos a los niños contra el trabajo infantil.
el aludido Programa fue puesto en marcha por la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, el 1° de septiembre de 2014, coordinado por Marcela V. Rodríguez, interviene en la defensa y la promoción de los derechos de las víctimas del delito de trata de personas y de explotación, su acceso a la justicia y su asistencia jurídica integral. Además, proporciona asesoramiento y patrocinio jurídico en casos que involucran a víctimas de trata de personas y explotación y es pionero en patrocinar las primeras querellas y acciones civiles en materia de trata de personas.