La “Guía regional de atención integral a víctimas de violencia institucional en las prisiones de América Latina” fue adoptada por la defensa pública argentina el pasado viernes 22 de mayo. Lo hizo a través de una resolución firmada por la defensora general de la Nación Stella Maris Martínez.
La Guía regional fue elaborada por dos expertos del Observatorio del Sistema Penal y de Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona: Iñaki Rivera Beiras, profesor de renombre internacional con una extensa trayectoria de investigación sobre el sistema penitenciario, y el profesor asociado Alejandro Forero Cuéllar. Para su realización la AIDEF contó con el apoyo del Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea y con la inestimable colaboración de María Luisa Domínguez, técnica senior de la Unidad de Gobernanza Democrática del Programa EUROsociAL.
La Defensoría General de la Nación (DGN), en su rol de Secretaría General de AIDEF y en conjunto con la Coordinación General de la asociación, a cargo de la Defensa Penal Pública de Chile, y la Coordinación de América Central de la AIDEF, a cargo de la Defensa Pública de Costa Rica, había elaborado en 2017 el proyecto que sirvió de base para la Guía.
En palabras de sus autores, lo que se busca con el documento es “potenciar las funciones que las Defensorías Públicas Oficiales tienen respecto de la protección de los derechos de las personas privadas de libertad (información y asesoramiento jurídico; representación y defensa ante las autoridades administrativas; representación y defensa ante las autoridades judiciales; y difusión y divulgación de sus derechos). En especial, la Guía focaliza su atención en el fortalecimiento del acceso a la justicia de las personas privadas de libertad que han sufrido violencia institucional carcelaria”. “De esta manera -añaden-, busca también reforzar la estrategia de Verificación de las Condiciones de Privación de Libertad”.
El nuevo instrumento regional contempla la creación del Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a víctimas de violencia institucional (SIRCAIVI), cuya implementación también fue aprobada para nuestro país por la defensora general.
La puesta en marcha de la Guía implica, además, la creación de: la Unidad de atención integral a víctimas de violencia institucional (UNAIVI), como elemento principal del SIRCAIVI; la elaboración de un sistema de fichas (de relevamiento y de registro de cada caso) destinado a ordenamiento, clasificación y sistematización de los casos; un Registro de Violencia Institucional Carcelaria (REVIC) que permita sistematizar las fichas de los casos; una Red de actores externos, consistente en la articulación de una actuación interinstitucional para aprovechar los recursos existentes que pueden contribuir a la configuración de un dispositivo de respuesta y atención integral a víctimas de violencia institucional carcelaria y, por último, un Protocolo de atención integral.
A todos estos fines, y en coordinación con el Programa EUROsociAL+, Martínez estableció un grupo de trabajo que estará compuesto por integrantes de la Defensoría General de la Nación (DGN): el defensor público oficial (DPO) a cargo de la Defensoría Pública Oficial Adjunta N° 2 ante la Cámara Federal de Casación Penal y co-titular de la Comisión de Cárceles, Guillermo Todarello; por el DPO a cargo de la Coordinación General de Programas y Comisiones, Gustavo Iglesias; por el DPO Adjunto (Int.) y co-titular del Programa Contra la Violencia Institucional, Nicolás Laino; por el secretario letrado a cargo del Programa Contra la Violencia Institucional, Luciano Hazan; por el secretario letrado integrante de la Comisión de Cárceles, Leandro Destéfano –quien intervendrá en el desarrollo del proyecto en caso de ausencia de Todarello–; por la secretaria letrada a cargo de la Comisión sobre Temáticas de Género, Raquel Asensio; por el secretario letrado a cargo de la Unidad de Relaciones Institucionales en el Ámbito Internacional, Sebastián Van Den Dooren; por la jefa de departamento a cargo del Programa de Problemáticas Sociales y Relaciones con la Comunidad, Analía Alonso; por el prosecretario letrado a cargo del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos, Pablo Rovatti; y por la oficial mayor María Luz Ramírez, también de la Unidad de Relaciones Institucionales en el Ámbito Internacional.
El Programa EUROsociAL+ es un programa de cooperación entre América Latina y la Unión Europea que pretende reforzar las políticas públicas nacionales en materia social, de buena gobernanza e igualdad de género, con la finalidad de aumentar el nivel de cohesión social y reforzar las instituciones responsables de su aplicación.
