A partir de una presentación judicial realizada por el Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD) se lograron medidas de resguardo para las personas que habitan la Cuenca Matanza – Riachuelo.
La pandemia de COVID-19 no ha hecho otra cosa que agravar el escenario de emergencia ambiental preexistente en los barrios de la Cuenca. Por eso, y con el fin de defender los derechos fundamentales de sus habitantes, Romina Magnano, interinamente a cargo de la Defensoría Pública Oficial Nº 2 ante los Juzgados Federales en lo Criminal y Correccional de Morón y Mariel Acosta Magdalena, integrante del Equipo de Trabajo “Riachuelo” de la Defensoría General de la Nación (DGN) llevaron adelante acciones frente al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Morón N° 2.
El Juzgado compartió la preocupación de las integrantes del MPD sobre el alcance del impacto que tiene y puede seguir teniendo la pandemia provocada por el COVID-19. En consecuencia, resolvió que la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) despliegue las siguientes acciones:
1. Continuar ejerciendo el rol de colaboración y estímulo permanente con el fin de coordinar junto con el Ministerio de Salud de la Nación y los distritos de la Cuenca Matanza-Riachuelo acciones preventivas y de celeridad en los barrios de urbanizaciones emergentes (UREM). Se le deberá dar un especial seguimiento a niñas, niños y adolescentes que allí residen, tal como recomienda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
2. Prestar colaboración respecto de los casos de COVID-19 que pudieren detectarse en las zonas mencionadas, ejerciendo su rol de coordinador para articular el accionar del Ministerio de Salud de la Nación y los distritos involucrados.
3. Monitorear el acceso de agua segura en las zonas en cuestión coordinando con las empresas prestatarias (AySA o ABSA) y los distritos involucrados aquellas soluciones que estimen pertinentes en caso de encontrarse con cortes totales o parciales del servicio, garantizando que los barrios UREM de la cuenca posean acceso a agua segura.
4. Informar, con una periodicidad mensual hasta tanto finalice la emergencia sanitaria, todas las gestiones realizadas a los efectos ordenados.
La presentación judicial del MPD se realizó en el marco de la ejecución de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia en la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional s/ejecución de sentencia”.
