El Ministerio Público de la Defensa se suma hoy, como todos los años, a la conmemoración del Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, instituido en 2013 a través de la ley 26.811 con el objeto de recordar las graves violaciones a los derechos humanos ocasionadas por las fuerzas de seguridad, y en virtud del aniversario de la Masacre de Budge, en la que tres jóvenes fueron asesinados por efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Esta efeméride fue instituida también con el objetivo de promover políticas públicas de prevención de la violencia institucional y de promoción de políticas de seguridad respetuosas de los derechos humanos.
Desde la Defensoría General de la Nación se impulsan permanentemente políticas en la materia. Desde 2010 funciona la Unidad de registro, sistematización y seguimiento de hechos de tortura y otras formas de violencia institucional; y en 2013 se creó el Programa contra la Violencia Institucional, que además de gestionar la Unidad de Registro, colabora con todas las defensorías y dependencias de la institución con el objetivo de asistir a toda persona que hubiere sufrido estas formas de graves violaciones a sus derechos humanos.
El Programa también coopera con instituciones gubernamentales o de la sociedad civil, tanto en relación con hechos ocurridos en las cárceles u otros ámbitos de encierro, como en relación con formas de violencia ejercida en la vía pública por parte de las fuerzas de seguridad.
En este contexto de excepcionalidad marcado por el aislamiento preventivo vinculado a la pandemia del Covid-19, el Ministerio Público de la Defensa renueva su compromiso de instar a la defensa de los derechos humanos de todos, y en particular de los grupos más desaventajados de la sociedad.
Violencia institucional: torturas, pero no sólo torturas
En el marco de esta efeméride, la Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia (SGCJ) y la Coordinación de Prensa, Comunicación Institucional y Relaciones con la Comunidad de la Defensoría General de la Nación (DGN), hace entrega del segundo episodio del podscast/vodcast “Derechos desde la práctica” en el que Julieta Di Corleto, titular de la SGCJ, y Nicolás Laino, defensor público oficial y co-titular del Programa contra la Violencia Institucional de la DGN, dialogan sobre la causa “G.S.A. y otros s/ habeas corpus”, que significó un avance en los derechos laborales de las personas privadas de libertad.
Sin lugar a dudas es un caso resonante de violencia institucional que involucró un tipo de violación de derechos que no se liga estrictamente al abuso físico y que llevó adelante la defensa pública en 2018 acompañada por la Procuración Penitenciaria Federal (PPN). En él, un grupo de personas privadas de su libertad en el Complejo Penitenciario Federal de CABA (mejor conocida como "cárcel de Devoto") denunciaron que se vieron reducidas -unilateralmente- las horas de trabajo que normalmente llevaban a cabo en el Centro Universitario de Devoto, la unidad académica dependiente de la UBA que funciona en ese complejo.
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