La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) emitió un informe el pasado 27 de marzo en el cual resaltó la necesidad de ejercer la solidaridad y protección de las personas mayores en el contexto de la pandemia de COVID-19. En ese marco, dio a conocer un comunicado de la experta independiente en el disfrute de todos los derechos humanos de las personas mayores, Rosa Kornfeld - Matte.
La experta señaló que es alarmante la situación en los hogares de personas mayores ya que enfrentan un riesgo desproporcionado de muerte debido a sus necesidades de apoyo y de atención, o por vivir en entornos de alto riesgo como las instituciones.
Kornfeld-Matte expresó su preocupación por las personas mayores con afecciones de salud subyacentes y aquellos que ya están socialmente excluidos, que viven en la pobreza, que tienen acceso limitado a los servicios de salud o que viven en espacios confinados como cárceles e instituciones residenciales.
Según la asesora de ACNUDH, la exclusión se ve exacerbada por las medidas de distanciamiento social, como negar las visitas a hogares de cuidado residencial. La experta sugiere que deben encontrarse formas creativas y seguras para aumentar las conexiones sociales, como las que permiten mantener contacto en línea.
A su vez, señaló que las personas mayores ya se enfrentan a una discriminación particular de la vejez ("ageism") y, por lo tanto, requieren de la protección de derechos específicos. También destacó la necesidad de garantizar la realización equitativa de todos sus derechos, incluido el acceso a la atención médica. Ello frente a las preocupantes decisiones en torno a la asignación de recursos médicas escasos, como los respiradores en las unidades de cuidados intensivos, que se llegan a tomar únicamente en función de la edad, negando a las personas mayores su derecho a la salud y a la vida en igualdad de condiciones con las demás.
En su comunicado, Rosa Kornfeld-Matte agregó que deben desarrollarse y seguirse protocolos de clasificación para garantizar que tales decisiones se tomen en función de las necesidades médicas, la mejor evidencia científica disponible, y no en base a criterios no médicos como la edad o la discapacidad.
Finalmente, pidió a todos los involucrados que aseguren los servicios de apoyo esenciales en el hogar y en las comunidades sin poner en riesgo a las personas mayores y sus proveedores de atención.
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