A partir de la declaración de emergencia pública en materia sanitaria contenida en el DNU 260/2020 -a consecuencia de la pandemia por la propagación de casos de coronavirus COVID-19- la defensora general de la Nación dictó la Resolución DGN N° 285/2020 efectuando ciertas recomendaciones a las defensoras y defensores públicos federales y en lo Criminal y Correccional de la CABA.
En primer lugar, se recomendó a los/as magistrados/as o funcionarios/as a cargo de las referidas dependencias y de todas las instancias que presenten especial atención a la situación de salud de las personas privadas de libertad, frente a la pandemia que justificó la declaración de emergencia sanitaria por DNU N° 260/2020, y que verifiquen y reclamen cuando sea necesario que se asigne el tratamiento adecuado.
Asimismo, se les recomendó que renueven o agilicen los pedidos de libertad o morigeración de la situación de encierro de las personas cuyas defensas ejercen , cuando se puedan incluir en el grupo de personas en riesgo ante la pandemia de coronavirus COVID-19.
Con igual criterio, se recomendó una vez más y en concordancia con lo que se dispusiera por Res. DGN N° 928/19 que, en todo contexto en que se adviertan hacinamiento u otras restricciones de derechos de las personas privadas de libertad que puedan implicar un agravamiento en las condiciones de detención, inicien o continúen el trámite de acciones de habeas corpus ante los/as magistrados/as competentes.
Paralelamente, se solicitó a la señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación la adopción, con carácter de urgente, de un protocolo específico para la prevención y protección del coronavirus COVID-19 en contexto de encierro, en resguardo del derecho a la salud de las personas privadas de libertad, en especial de aquellas consideradas dentro de algún otro grupo de riesgo, y de las personas vinculadas a ellos.
En los considerandos de la resolución, la defensora general hizo hincapié en la necesidad de que frente a la coyuntura, la Defensa Pública asuma un rol proactivo para detectar a quienes necesitan de atención médica, y reclamar las medidas adecuadas y ágiles que la situación exija, ante los responsables administrativos del ámbito de detención y del Poder Judicial de la Nación como garante de derechos.
Por último, se decidió poner en conocimiento de la resolución de la Comisión de Emergencia Carcelaria al Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles y al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.