La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, presentó ayer ante el Congreso el informe de gestión de 2019 del Ministerio Público de la Defensa (MPD). Se trata de un documento que expone la labor llevada a cabo durante ese período y se estructura en dos grandes ejes: las políticas y acciones emprendidas por la Defensoría General de la Nación (DGN), y la actuación de las distintas dependencias del MPD de todo el país.
Además de destacar el trabajo que el MPD llevó adelante tanto en el plano nacional como internacional y ponderar la labor realizada durante 2019 por cada uno de los programas y comisiones de la DGN, en el informe se mencionan especialmente las acciones emprendidas para la implementación del Código Procesal Penal Federal en la jurisdicción de Salta, en donde se aprobó el “Proyecto piloto de unidades de defensa”, que apunta a la redistribución de los recursos humanos por medio de la creación de unidades y equipos para cubrir los tres escenarios de litigio: no penal, acusatorio y remanente.
La defensora general hizo especial hincapié en el compromiso de la institución en materia de transparencia, consolidando la Oficina de Acceso a la Información Pública (OAIP), que posicionó al MPD como el segundo organismo nacional en dar cumplimiento a los principios rectores de la Ley 27.275. La OAIP registró un total de 267 solicitudes tramitadas durante el año 2019, con un porcentaje de 100% de cumplimiento del plazo legal para dar respuesta a ellas.
Por otra parte, destacó el reconocimiento del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de las Naciones Unidas que instó al Estado Argentino a facilitar la labor de la DGN en la protección de los derechos de las personas migrantes y particularmente para poder asistirlos en los procesos administrativos migratorios, dado que la Comisión del Migrante tiene como función brindar asistencia jurídica gratuita, ante la Dirección Nacional de Migraciones y los Tribunales del fuero Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, a personas en riesgo de ser expulsadas de nuestro país por cuestiones migratorias.
En su presentación, la defensora general de la Nación hizo referencia a la elaboración y entrada en vigencia de un protocolo interno de actuación para el abordaje de situaciones de discriminación por motivos de género en el marco de las relaciones laborales entre magistrados/as, funcionarios/as y empleados/as del MPD.
Por último, Martínez resaltó “la labor encomiable que desarrollan las distintas defensorías de todo el país, en base al compromiso que se renueva diariamente de cara a la protección de los derechos de sus asistidos” y que posicionan al MPD como una institución de protección de derechos humanos que garantiza el acceso a justicia y la asistencia jurídica integral de las personas, en especial de aquellas en situación de vulnerabilidad.
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