La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, se reunió en la mañana de ayer con miembros del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT). El encuentro se realizó en la sede central de la DGN.
Por parte del CNPT, participaron su presidente Juan Manuel Irrazabal, las comisionadas Diana Conti y Rocio Alconada Alfonsín, y el secretario ejecutivo del organismo, Alan Iud. Acompañaron a la defensora general Nicolás Laino y Luciano Hazan, en su calidad de cotitular y coordinador del Programa contra la Violencia Institucional de la DGN, respectivamente.
Los representantes de ambos organismos conversaron sobre temas en común que poseen las agendas de ambas instituciones, en particular, la labor de monitoreo de las condiciones de detención en cárceles y otros lugares de privación de libertad federales.
Durante la reunión, el presidente del CNPT destacó el rol fundamental que cumple la defensa pública para la protección de los derechos de las personas privadas de libertad. También señaló que los informes de monitoreo de cárceles elaborados desde la DGN tienen gran importancia para la tarea que realiza el Comité. Por su parte, Alan Iud anunció que el CNPT ya ha planificado el cronograma de visitas carcelarias que realizará durante el primer semestre de 2020.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura fue creado por la ley n° 26.827 en el ámbito del Poder Legislativo de la Nación aunque sin poder recibir instrucciones de ninguna autoridad, y es el órgano rector del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes creado por dicha norma en cumplimiento de las obligaciones asumidas por el estado argentino al ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Al concluir el encuentro, la defensora general y los miembros del CNPT coincidieron en la necesidad de establecer un trabajo coordinado y colaborativo entre el Comité y los/as defensores/as públicos/as oficiales para lograr un más efectivo acceso a la justicia de las personas privadas de libertad y una mayor eficacia en la prevención de la tortura y otras formas de malos tratos en las instituciones de encierro.
