La Defensoría General de la Nación (DGN) manifiesta su preocupación por la demora en la designación de las autoridades de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA). Esta deuda con la niñez data de hace más de 14 años, cuando se creó esta figura dentro de la Ley Nº 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, aprobada el 28 de septiembre de 2005.
En el año 2019 una Comisión Bicameral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, integrada por diversas fuerzas políticas, luego de un concurso público de oposición y antecedentes con amplia participación ciudadana, designó por unanimidad a Marisa Graham como Defensora y a Facundo Hernández y Fabián Repetto como Defensores Adjuntos. Dichas designaciones fueron aprobadas por la Cámara de Diputados el 26 de junio de 2019.
La omisión en la puesta en funciones del organismo ha sido objeto de señalamiento por parte de organismos internacionales de protección de derechos humanos, especialmente del Comité sobre Derechos del Niño de Naciones Unidas (CRC/C/ARG/CO/5-6, párr. 12.). El contexto actual de crisis socio-económica exige optimizar el uso de los recursos disponibles para garantizar el acceso a los derechos de los/as niños/as, quienes se han visto especialmente impactados por esta crisis, conforme lo demuestran recientes investigaciones. La DGN tiene el firme convencimiento de que tan trascedente organismo permitirá articular y reforzar acciones para la defensa de ese colectivo y para el efectivo acceso a los derechos por parte de niñas, niños y adolescentes.
Por tal motivo, en concordancia con lo expresado recientemente por organizaciones sociales de reconocida trayectoria en la materia y teniendo presente que se ha incorporado este punto en la convocatoria realizada para las Sesiones Extraordinarias de febrero del corriente año, la Defensoría General de la Nación estima necesario que el Honorable Senado de la Nación apruebe sin más dilación la designación de las autoridades de la Defensoría de NNyA, poniendo de ese modo fin a una mora ya intolerable a la luz los derechos en juego y la elevada vulnerabilidad del grupo afectado.