Ayer a la tarde se realizó la “Jornada Abierta sobre Cannabis Medicinal” en el Salón de los Espejos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (FCJyS UNLP). El Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD) y la casa de estudios organizaron este encuentro de carácter interdisciplinario en el que participaron magistrados y funcionarios del MPD y de la defensa pública y la justicia bonaerense; asimismo docentes, investigadores y profesionales de la salud especializados en terapéutica cannábica.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la titular de la Secretaría de Capacitación y Jurisprudencia de la Defensoría General de la Nación (DGN), Julieta Di Corleto, y Ernesto Domenech, juez de Tribunal Criminal 3 del Departamento Judicial de La Plata y profesor de Derecho Penal. Allí Di Corleto afirmó que “el MPD, a partir de los litigios que lleva adelante en todo el país, ha adquirido especialización en el acceso a la salud a través del cannabis medicinal y ha rastreado las decisiones judiciales favorables a la provisión de esta sustancia como medicina”. Di Corleto sostuvo que “desde la defensa es importante aplicar a estos casos una perspectiva de derechos humanos para lograr derribar las barreras que la penalización impone al goce del derecho a la salud y para que se habilite el tratamiento de otras enfermedades con esa sustancia, más allá de lo que está permitido por la reglamentación de la Ley de cannabis medicinal”.
A continuación, se realizaron dos paneles. En el primero, sobre “Conocimiento científico y derecho”, se expuso sobre las actividades de extensión que las carreras de ciencias exactas de la UNLP realizan con agrupaciones de cultivadores y usuarios medicinales de cannabis. También se expuso sobre el sistema endocannabinoide y su importancia para el tratamiento de diversas afecciones a la salud, tanto física como mental. Además, se realizó un repaso sobre los intereses económicos y morales que causaron la prohibición y criminalización del cannabis y se reflexionó sobre las consecuencias negativas y estigmatizantes que caen sobre las/os usuarias/os.
En el segundo panel, denominado “Acercando la salud a la justicia: obstáculos y oportunidades”, intervinieron por parte del MPD Pablo Ordóñez, a cargo de la Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia Nº 1 de La Plata, y Verónica Castillo, defensora pública coadyuvante de la Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de Comodoro Rivadavia. Allí se trató la función de la defensa oficial federal en casos en que se judicializa el acceso al cannabis con fines medicinales. También se habló de la necesidad de facilitar el acceso a la justicia para posibilitar el goce de otros derechos fundamentales, como la salud, y se evaluó la efectividad de las distintas estrategias de defensa aplicables en causas penales contra usuarias/os y cultivadoras/es de la planta. Otra temática abordada fue la necesidad que tienen las/os usuarias/os medicinales de transitar el dolor hasta tanto se logre un cambio en la lógica el prohibicionista, que rige pese a que el cannabis se encuentra instalado en la sociedad, en las investigaciones científicas y en los tratamientos médicos.
La jornada también contó con la participación de Candela, madre de una niña diagnosticada con Trastorno del Espectro Autista y que es usuaria de cannabis medicinal. Ella relató el doloroso periplo médico que tuvo que realizar debido a ese diagnóstico, el cual concluyó al conocer la efectividad de la planta de cannabis para alivianar los síntomas que aquejaban a su hija y a la vida cotidiana de su familia.
El cierre del encuentro estuvo a cargo del defensor público oficial Nicolás Laino, quien estuvo acompañado del docente de la UNLP Germán Alegre. Laino agradeció en nombre de la DGN a las/os expositores y anfitriones del evento, al que calificó como “un fructífero intercambio de saberes científicos, médicos y jurídicos que aporta a la función de los defensoras/es de facilitar a las personas más vulnerables el acceso a la justicia y a tener una vida digna”. “Pese a la evidencia científica sobre la utilidad del cannabis para tratamientos de salud contamos con una ley extremadamente acotada que no permite el acceso a esa sustancia; además, frente a eso el Estado aplica una fuerte punición a los usuarias/os y cultivadoras/es”, señaló. “Quienes necesitan del cannabis para tratar una enfermedad se enfrentan el riesgo de ser encarceladas/os y eso es inaceptable para el estado de derecho en el cual pretendemos vivir”, concluyó el defensor.
