La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, participó ayer de la primera jornada de la “Conferencia birregional sobre el desarrollo del uso de medidas alternativas a la privación de libertad”, que se realiza en Montevideo, Uruguay, y que reúne expertos en justicia, actores del sector penitenciario y representantes institucionales de distintos países para debatir sobre los beneficios del uso de medidas alternativas al encarcelamiento y compartir experiencias positivas entre Europa y Latinoamérica. El objetivo del encuentro es propender a la aplicación de medidas encaminadas a reducir el hacinamiento en las prisiones, bajar las tasas de reincidencia, facilitar los procesos para mejorar la reinserción social y luchar de forma más efectiva contra el crimen organizado que prospera en las cárceles de la región.
Luego de asistir a la inauguración oficial de la Conferencia en la Torre Ejecutiva de Presidencia de Uruguay, la defensora general de la Nación participó del segundo conversatorio “La coordinación interinstitucional: una necesidad para el desarrollo de las medidas alternativas”, del que también fueron parte Eduardo Bonomi, ministro del Interior del Uruguay; Margarita Cabello Blanco, ministra de Justicia y del Derecho de Colombia; Edmund G. Hinkson, ministro del Interior de Barbados; y Adam Namm, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD – OEA).
Allí, Stella Maris Martínez hizo referencia a que “el desafío más urgente en Argentina es resolver la situación carcelaria. En ese sentido, en la actualidad se está trabajando en una ley de cupo para proteger los derechos humanos y evitar el hacinamiento en las cárceles”. Durante la actividad, que procuraba también discutir sobre la inclusión de la perspectiva de género en las políticas de medidas alternativas a la privación de libertad, Martínez señaló la importancia que tuvo la creación de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación en “la implementación de estrategias de defensa con perspectiva de género, en particular en los casos vinculados a mujeres víctimas de violencia o en conflicto con la ley penal. Además, la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa [MPD] es pionera porque establece específicamente que los defensores oficiales deben incorporar la perspectiva de género en su estrategia de defensa”.
La defensora general puso especial énfasis en el trabajo realizado por el MPD en la modificación de la Ley de Ejecución Penal con relación a la detención domiciliaria: “en Argentina logramos que esa modalidad de arresto se aplique para evitar que mujeres embarazadas y madres de niños pequeños estén en la cárcel”. Con relación al microtráfico de drogas sostuvo que, “en la frontera norte de Argentina tenemos una gran cantidad de mujeres privadas de libertad, por eso creo que es necesario empezar a distinguir al narcotraficante de aquellas personas que son más víctimas de la organización delictiva que victimarias”.
A modo de conclusión, Martínez afirmó que “si mucha gente viera la cárcel y las condiciones de alojamiento de ese lugar, se daría cuenta que es una apuesta negativa, que es más riesgoso que una persona siga en la cárcel y salga mucho más violenta y resentida que tratar de apostar por otra solución. Las medidas alternativas, como las de la justicia restaurativa, son beneficiosas porque conducen a construir una sociedad más armónica”.
El evento, organizado por EUROsociAL+, el Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en Políticas sobre Drogas (COPOLAD II) y el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado Europa- Latinoamérica (EL PAcCTO) , junto con la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), el Ministerio del Interior y la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, cuenta con la presencia de Jorge Díaz Almeida, Procurador General de la Nación de la República Oriental del Uruguay; la ministra de la Suprema Corte de Justicia uruguaya, Elena Martínez Rosso; representantes del Poder Ejecutivo de Uruguay; la secretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, María Fernanda Rodríguez; la directora de la Defensa Pública de la República de Costa Rica, Diana Montero; Ángel Benigno Torres Machuca, defensor público general del Ecuador; entre otras autoridades.
La Conferencia, en la que participan más de ciento cincuenta representantes de más de treinta países de Latinoamérica, el Caribe y la Unión Europea, culmina hoy en el Hotel Radisson Victoria Plaza con la realización de cuatro talleres temáticos y la lectura de las conclusiones del evento a cargo de los organizadores.
