En la tarde de ayer se realizaron en la sede central de la Defensoría General de la Nación (DGN) las “Jornadas abiertas sobre el proceso de ejecución penal - Aplicaciones al sistema de la medida cualitativa del tiempo de prisión”. Durante el encuentro expusieron Pablo Vacani, defensor oficial de la UFD Nº2 de San Pedro (provincia de Buenos Aires) y director y coautor de la publicación “La indeterminación de la pena en el proceso de ejecución penal”; Nicolás Laino, defensor público oficial adjunto y co-titular del Programa contra la Violencia Institucional de la DGN; y Liliana Rudman, psicóloga e integrante de dicho programa.
Durante el encuentro se discutieron posibles estrategias a implementar desde la defensa pública dirigidas a descontar tiempo de pena en razón de los malos tratos y las condiciones inhumanas de detención soportadas por las personas privadas de libertad durante su estancia en prisión. Para ello, se presentaron las principales líneas teóricas argumentales y se contaron experiencias positivas de la defensa pública tanto en el ámbito nacional como el de la provincia de Buenos Aires, así como en el sistema interamericano.
Durante las intervenciones se hizo especial mención a la necesidad de escuchar la voz de las personas detenidas, en tanto sus vivencias dentro de la cárcel, comisarías o institutos de menores pueden resultar útiles para requerir una pena menor al momento de su cuantificación en la instancia de juicio, o bien para acortar el tiempo de encierro efectivo a cumplir durante la fase de ejecución o, incluso, para morigerar el modo de cumplimiento de la condena o de la medida cautelar. En tal sentido, se destacó la importancia de apoyar los planteos con informes periciales, poniéndose a disposición el equipo interdisciplinario del Programa contra la Violencia Institucional como un recurso de colaboración con los defensores y defensoras.
La jornadas, organizadas por la Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia de la DGN, contaron con la presencia de magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público de la Defensa, operadores judiciales de otros organismos y público en general.
