Este jueves, en el marco del Día Internacional de Nelson Mandela, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, expuso junto a otros expertos en una actividad sobre la situación de las cárceles y las personas privadas de la libertad en Argentina. El evento se realizó en el Auditorio de la Cámara de Diputados.
Con la moderación de la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos, participaron junto a Stella Maris Martínez, el juez de la Cámara Nacional de Casación Penal, Gustavo Hornos; el defensor ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, Mario Coriolano y el subdirector de la Dirección Legal y Contencioso Penal de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Rodrigo Borda. La jornada fue organizada por la diputada nacional Marcela Campagnoli.
Durante su intervención, la titular del Ministerio Público de la Defensa se refirió a la violencia obstétrica y afirmó que, “aquí y ahora en nuestro país, este es un problema de género común para todas las mujeres y se torna más grave en los sectores más vulnerables, como es el de las mujeres privadas de libertad”.
“Todavía la ley de parto respetado no está plenamente vigente, hay abusos de poder de algunos médicos que no tienen en cuenta los intereses de la mujer y utilizan la cesárea como sistema de parto programado cuando no es necesario. Es un abuso de poder patriarcal de muchos obstetras, que se da en todas las escalas sociales”, insistió Stella Maris Martínez y mencionó datos provenientes del informe “Parí como condenada. Experiencias de violencia obstétrica de mujeres privadas de la libertad”, elaborado por el Ministerio Público de la Defensa de la Nación, la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, y la Defensoría del Pueblo de la Nación (Para leer el informe completo: https://www.mpd.gov.ar/pdf/prensa/CuadernilloVO.pdf; para leer el resumen ejecutivo: https://www.mpd.gov.ar/pdf/prensa/ResumenEjecutivoVO.pdf)
La investigación indaga en las vivencias de las mujeres presas durante sus procesos reproductivos, y realiza recomendaciones para abordar las dificultades detectadas. El estudio consistió en encuestas y entrevistas en unidades penitenciarias que alojan mujeres embarazadas o con hijos menores de cuatro años, a través de instrumentos de recolección de datos previamente diseñados
El análisis muestra formas específicas de maltrato ejercidas por la institución penitenciaria y de salud, vinculadas de forma directa con la condición de mujer privada de su libertad y ratifica la necesidad de replantear la política criminal y penitenciaria actual respecto de las mujeres. La forma más extrema de violencia detectada, tanto obstétrica como institucional, puede encontrarse en la dimensión de vigilancia y seguridad. El informe refleja que en la actualidad se continúen aplicando medidas de sujeción sobre mujeres embarazadas, como esposas y pateras, durante los procesos de preparto y parto.
A modo de recomendaciones específicas, el informe subraya entre otras cosas, que debe capacitarse al personal judicial sobre la temática del parto respetado y garantizar el acceso a la justicia para las mujeres que son víctimas de violencia obstétrica; que el poder ejecutivo debe implementar políticas públicas que garanticen el acceso a los derechos reproductivos de las mujeres detenidas, entre otras.
Finalmente, el informe señala que es necesario “acentuar los esfuerzos del Poder Judicial, así como también de los servicios penitenciarios, para garantizar el acceso de todas las mujeres en conflicto con la ley penal a medidas alternativas a la detención o, en su defecto, a formas de detención morigeradas tales como el arresto domiciliario” (…) “En el caso de la detención domiciliaria, esto implica tanto la aplicación del instituto a las mujeres embarazadas o con hijos/as pequeños, como la garantía de sus necesidades básicas de alimentación, trabajo, salud y educación”.
“Vamos a seguir trabajando para que se adopten todas estas diligencias, e insistiendo en la gravedad que tiene la violencia obstétrica como práctica sistemática”, finalizó la defensora general.
Con la presencia de legisladores, jueces y expertos en el sistema penitenciario, la actividad comenzó con una presentación a cargo de la diputada Marcela Campagnoli; el diputado Héctor “Toty” Flores, presidente de la Comisión de Derechos
Humanos y Garantías; y Norma Morandini, directora del Observatorio de DD.HH. del Senado.
Finalmente disertaron, en relación a medidas alternativas e inserción social, Mariel Viladrich (coordinadora del Programa de asistencia de personas bajo vigilancia electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación), Facundo Bargalló Benegas (jefe de gabinete de la Subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación), Tamara Hall (coordinadora del Área Cárceles y Políticas Penitenciarias del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales -INECIP-), Marina Alvarellos (coordinadora del Litigio de Acciones de Habeas Corpus Correctivo de la PPN) y Marcelo Bergman (director del Centro de Estudios Latinoamericano sobre Inseguridad y Violencia -CELIV- de la Universidad Nacional de Tres de Febrero).
