La Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación (DGN) monitoreó las instalaciones y las condiciones de detención de las personas alojadas en distintos escuadrones de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y Prefectura Naval Argentina (PNA) de las provincias de Chaco, Formosa y Corrientes.
La inspección la encabezó el co-titular y defensor público oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Eldorado (provincia de Misiones), Gustavo Adolfo Vargas. De ese trabajo surgió un informe que sostiene que “todas las dependencias en cuestión se encuentran superadas en más de un 150 % respecto de su capacidad real de alojamiento”. El informe describe “una gravísima situación de hacinamiento”, que incluye personas durmiendo en colchones en el piso. A la falta de previsión en la estructura edilicia para la detención de mujeres se suma que estas dependencias son inadecuadas para largos períodos de alojamiento y que afrontan “dificultades operativas y/o presupuestarias para brindar una atención acorde”.
Las dependencias inspeccionadas durante febrero de este año fueron los Escuadrones de GNA Nº 5 (Pirané, Formosa), 14 (Las Palmas, Chaco), 15 (Formosa), 16 (Clorinda, Formosa), 48 (Corrientes) y 51 (Resistencia, Chaco), así también los destacamentos de PNA de Puerto Pilcomayo (Formosa), ciudad de Formosa, Barranqueras (Chaco) y ciudad de Corrientes.
Entre las situaciones de hacinamiento registradas se destaca que en el escuadrón de GNA en Formosa, que dispone de lugar suficiente para la detención de ocho personas, al efectuarse la inspección había alojados 25 hombres y tres mujeres. En relación a esto último, el espacio destinado a detención de mujeres en esta dependencia fue adaptado a tal fin ya que el escuadrón no cuenta con condiciones para eso. Más extrema aún era la situación en el Escuadrón 48 de GNA en la ciudad de Corrientes, allí el lugar previsto para cuatro personas se amplió mediante cuchetas triples, llegando a alojar a 28 detenidos.
El informe señala que las detenciones en estos establecimientos duran entre seis meses y un año, pero en algunos casos pueden superar los dos años. Esto se debe a que las gestiones para incorporar personas detenidas al régimen penitenciario se inician recién una vez resuelta la situación procesal de cada caso, lo que tarda más de seis meses. Según las fuerzas de seguridad, que también deben ocuparse de efectuar los traslados de las/os detenidas/os, las demoras en obtener los cupos en las tres unidades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) de la zona -7 y 11 de Chaco y 10 de Formosa- se deben a que las admisiones se encuentran centralizadas y “se repiten esfuerzos, no obteniendo respuestas ni aún para casos excepcionales.”
El defensor también señala que estas situaciones han dado lugar en algunos establecimientos a acciones judiciales colectivas y mesas de diálogo pero que resultan “infructuosas para la solución de la problemática […] que solo han llevado a adecuar o a improvisar respuestas a su alcance”. Así los hábeas corpus dan lugar a órdenes cuyo cumplimiento no se controla, frente a las que el SPF argumenta situaciones de colapso en sus unidades, y los reclamos se reiteran con nuevos actores e idénticas situaciones.
En cuanto a las estructuras edilicias de estos establecimientos, según el defensor, salvo el Escuadrón Clorinda, los espacios de celdas “nunca fueron pensados para lapsos temporales [de detención] tan extensos como los que se presentan.” Según detalla el informe, los lugares donde se alojan personas detenidas son en verdad calabozos que fueron pensados para el manejo disciplinario de los integrantes de las fuerzas y no para funcionar como celdas. Algunas de estas dependencias, además de no contar con medidas de seguridad como el cerramiento total de sus límites, se encuentran en zonas céntricas, por lo que un incidente de fuga generaría impacto en la comunidad.
El escrito del defensor también consigna que las fuerzas de seguridad señalaron su “falta de capacitación para el tratamiento de la actual situación de hacinamiento” y que la atención a los detenidos afecta al desarrollo de sus funciones esenciales.
En ocasión de los monitoreos Vargas requirió a las autoridades de las dependencias inspeccionadas que informen sobre diversos factores tales como la capacidad real de alojamiento; si los recintos se encuentran preparados para detenciones prolongadas; si poseen sectores diferenciados para mujeres y hombres; el metraje de las celdas y si poseen ventilación adecuada; si cuentan con sanitarios y duchas y en qué estado se encuentran, cuántas camas tienen y si son tipo cuchetas, qué electrodomésticos se encuentran a disposición de las/os detenidas/os y en qué estado se encuentran; si se provee ropa de cama y toallas; frecuencia con que se limpia el lugar de detención; cantidad de alojadas/os en la actualidad y a disposición de qué juzgado están; cuántos agentes se destinan a la custodia; cómo se provee alimento a las personas detenidas; si poseen enfermería y cuentan con profesionales de la salud; cómo se realiza la recepción las visitas; y si posee espacio para recreación y recursos para el esparcimiento de los alojados.
Varias de estas cuestiones fueron incorporadas al documento elaborado por la Comisión de Cárceles, que puede descargarse desde el siguiente vínculo: https://www.mpd.gov.ar/pdf/prensa/Informe%20de%20Monitoreo%20Escuadrones.pdf