Defensores/as, funcionarios/as, trabajadoras sociales y peritos participan de talleres para elaborar estrategias de defensa de mujeres acusadas de cometer delitos que son víctimas de violencia de género o están en situación de vulnerabilidad
La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez y el representante de EUROsociAL+, Alfonso Martínez Saenz, presentaron hoy los talleres para integrantes del Ministerio Público de la Defensa (MPD) que buscan elaborar estrategias de defensa para mujeres acusadas de cometer delitos que son víctimas de violencia de género o están en situación de vulnerabilidad. La actividad se realiza en el marco de un proyecto de la Defensoría General de la Nación (DGN), con apoyo de EUROsociAL+.
La iniciativa se realiza en el marco del proyecto “Elaboración, implementación y difusión de estrategias de defensa de mujeres infractoras víctimas de violencia de género o en situación de vulnerabilidad”. La capacitación está a cargo de la antropóloga feminista Rita Segato y la catedrática de la Universidad de Málaga Patricia Laurenzo Copello.
Durante su intervención esta mañana, la defensora general de la Nación manifestó que “más allá de lo que hemos avanzado en estos años en cuanto a la perspectiva de género, todavía el sistema de administración de justicia sigue con mirada patriarcal. Las leyes y la jurisprudencia siguen guiándose por conceptos que ignoran o perciben de manera sesgada los derechos de la mujer”, explicó.
Stella Maris Martínez recordó casos de personas que fueron patrocinadas por integrantes del MPD, como el de una mujer boliviana que fue detenida con una pequeña cantidad de droga, que trasladaba con el único objeto de conseguir dinero para costear el tratamiento de un hijo con una enfermedad terminal. “Hemos detectado muchos casos como este, con mujeres, ancianos y personas con problemas de salud mental que son usados como señuelo. Los defensores y las defensoras trabajamos con personas reales, situaciones concretas, por eso es importante contar con los medios técnicos para terminar con estas injusticias”, insistió. “Creo que las mulas son víctimas de una forma de trata, por eso es fundamental tener elementos para poner a los jueces ante la alternativa de analizar la situación de otra forma. Para eso son estas jornadas”.
Por su parte, el representante de EUROSociAL+, Alfonso Martínez Saenz, relató que el proyecto, que comenzó en 2017, busca crear estrategias de defensa para que los jueces y juezas tomen en cuenta las vulnerabilidades de las mujeres que viven en Argentina y en toda América Latina.
“Estamos muy contentos con el compromiso de la Defensoría General de la Nación, vemos un equipo con verdadera voluntad y motivación en algo tan importante como es intentar reducir las desigualdades entre mujeres y hombres y evitar la vulneración de derechos”, subrayó.
Desde la DGN el proyecto está siendo desarrollado por la defensora pública oficial ante los Juzgados de Instrucción y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional N° 8, Silvia Martínez; la secretaria general de Capacitación y Jurisprudencia, Julieta Di Corleto; la secretaria letrada a cargo de la Comisión sobre Temáticas de Género, Raquel Asensio; el secretario letrado a cargo de la Unidad de Relaciones Institucionales en el Ámbito Internacional, Sebastián Van Den Dooren, entre otros.
EUROsociAL+ financió, para este taller, la participación de 14 integrantes de esta Institución que concurrieron desde el interior del país: magistradas/os, funcionarias/os, trabajadoras sociales y peritos.
Rita Segato y Patricia Laurenzo Copello
La actividad comenzó ayer con una presentación de Raquel Asensio, Julieta Di Corleto y Silvia Martínez, en un encuentro con psicólogas, psiquiatras, trabajadoras sociales y antropólogas de la institución.
A continuación, Rita Segato expuso sobre conceptos claves en torno a la vulnerabilidad y esta mañana Patricia Laurenzo analizó la teoría del delito atravesada por la perspectiva de género, en una reunión con defensores y defensoras ante el fuero federal y penal económico de todo el país.
Rita Segato afirmó que “el patriarcado es la matriz de la desigualdad y eso también se ve reflejado en la justicia. Siempre me pregunto por qué los crímenes contra las mujeres son un crimen menor, pero cuando las mujeres son las acusadas los crímenes se convierten en mayores”, afirmó. “¿Por qué el Estado no puede defendernos? ¿Por qué el Estado nos discrimina? Esa es nuestra vulnerabilidad. Hay que cambiar la mentalidad del derecho, el interrogante es cómo hacemos para cambiar esa conciencia normalizada que es la estatal. Un estado que discrimina a las mujeres es un estado incapaz de percibir la vulnerabilidad”, analizó la especialista. “Cuando entramos en el espacio de la ley, las mujeres no somos ciudadanas plenas. Esa es la base de nuestra vulnerabilidad. Tenemos que defender la plenitud de nuestra ciudadanía”, finalizó.
A su turno Patricia Laurenzo Copello refirió que uno de los ejes de la investigación reflejó que “los operadores jurídicos son plenamente conscientes de que el sistema penal en el tema de drogas cae casi exclusivamente en los eslabones más vulnerables del narcotráfico. La ley penal es rigurosa con quienes tienen menos culpa y no resuelve los temas de drogas”, manifestó.
“La mirada de género no existe en el momento de redactar la ley, pero tampoco al interpretarla”, sostuvo Raquel Asensio. “Las situaciones de violencia de género, los contextos de vulnerabilidad extrema, deberían tener peso a la hora de pensar nuestras defensas en las causas penales. Queremos pensar cómo dar sentido a estas cuestiones desde la argumentación penal, y cómo acreditar esos argumentos. Cómo producir prueba para dar cuenta de una situación de vulnerabilidad extrema”, explicó la funcionaria.
Di Corleto señaló que la teoría del delito trabaja con categorías dogmáticas, cerradas y muy rígidas. “La teoría de género, en cambio, tiene la necesidad de flexibilizar esos márgenes. A las mujeres les cuesta mucho demostrar que esos límites no son naturales y tienen consecuencias duras para las mujeres, porque son barreras discriminatorias”, analizó. “Desde la disciplina jurídica entendemos que hay una limitación en nuestros conocimientos y es esencial el aporte de otras disciplinas”, finalizó.
Silvia Martínez, a su vez, admitió que los abogados y las abogadas “tendemos a ser paternalistas con las personas que asistimos. Eso implica no respetar la autonomía y dignidad del otro. Siempre vamos a tener que respetar la decisión de la mujer. Hay que trabajar en el respeto a la autonomía en situaciones de vulnerabilidad”.
El proyecto
Durante este encuentro, que comenzó ayer y finalizará mañana, se trabaja en tres ejes: la defensa de mujeres acusadas de delitos de drogas en contextos de vulnerabilidad extrema, incluida la violencia de género; mujeres víctimas de violencia de género acusadas de matar a sus parejas; y la defensa de mujeres acusadas de delitos cometidos contra sus hijos/as o sus parejas o ex parejas, en contextos de violencia de género.
Esta actividad tiene entre otros puntos, la función de visibilizar la discriminación de la persecución penal a las mujeres, muchas de ellas víctimas de violencia de género o en situación de vulnerabilidad por la superposición de múltiples factores (pobreza, migración, edad, entre otros).
El objetivo final es elaborar un documento con herramientas de Defensa Pública con perspectiva de género.
