La Organización de Naciones Unidas (ONU) instituyó la fecha 26 de junio como el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura en conmemoración a la entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que ocurrió ese día del año 1987.
De manera previa a su entrada en vigencia y en el marco de la recuperación del sistema democrático tras un período de dictadura signado por graves violaciones a los derechos humanos, el 4 de febrero de 1985 nuestro país firmó la Convención y la aprobó mediante la ley 23.338 sancionada por el Congreso de la Nación el 30 de julio de 1986.
Según la Convención, tortura es “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.
El uso de la tortura está absolutamente prohibido por el derecho internacional, en todo momento y en cualquier circunstancia, incluso en situaciones de emergencia o que comprometan a la seguridad nacional. Sin embargo, la tortura aún existe e incluso hay personas que están a favor de su aplicación, subestimando lo perjudicial que resulta para las víctimas y para la sociedad, porque difunde el miedo y la intimidación y puede generar ciclos de violencia y venganza.
El Artículo 14 de la Convención afirma que los Estados deben velar por que las víctimas de tortura y sus familias obtengan reparación mediante un trabajo de asistencia especializada. Esta labor involucra a profesionales tanto del plano médico, psicológico, humanitario, social y jurídico. Esa actividad es imprescindible para cumplir con una reparación integral del daño, que incluye una indemnización justa y adecuada.
Un gran aporte a esa tarea de reparación y rehabilitación a las víctimas es llevado a cabo por organismos como el Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura, que funciona bajo la administración de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Ginebra. Esa entidad sirve de enlace entre las víctimas, los expertos y los Estados, en el ámbito de la reparación y rehabilitación de quienes han sufrido la tortura. Asimismo, el Fondo suministra financiación a diversos proyectos que prestan asistencia a víctimas, tanto adultos como niños, en más de 81 países.
Para la campaña de difusión de este año, el Fondo se valió de la historia y la labor de Estela de Carlotto para visibilizar, mediante un material audiovisual, su experiencia de reparación a las víctimas de tortura. A través de un video la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, elegida en representación de las víctimas, narra la desaparición de su hija Laura durante la última dictadura cívico-militar argentina y la posterior búsqueda de ella y su hijo nacido en cautiverio. También cuenta la restitución de la identidad de su nieto de en 2014, luego de 36 años de búsqueda. En el material Carlotto destaca el papel relevante que desarrolla el Fondo en la reparación de las graves violaciones a los derechos humanos.
En Argentina, el Ministerio Público de la Defensa (MPD) aborda la problemática de la tortura y procura su prevención, investigación eficaz, sanción y reparación integral. Para ello cuenta con una Unidad de Registro, sistematización y seguimiento de hechos de tortura y otras formas de Violencia Institucional; además, desde el Programa contra la Violencia Institucional brinda asistencia jurídica, psicológica y social a las víctimas y sus familiares.
En este día el MPD se suma a la campaña elaborada por Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura, renueva su compromiso de trabajar por un país libre de torturas y apoya a los numerosos profesionales que aplican sus competencias para brindar ayuda a quienes han padecido esta grave violación de sus derechos fundamentales.