La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, participó del seminario "Corte Interamericana de Derechos Humanos: 40 años protegiendo derechos. Desarrollos jurisprudenciales y desafíos", que tuvo lugar los días 15 y 16 de mayo en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La titular del Ministerio Público de la Defensa (MPD) expuso en el panel “Diferentes Experiencias de Litigio ante la Corte Interamericana”.
La charla contó con la moderación de Eduardo Vio Grossi, vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), y la participación de Gabriela Kletzel, directora del Equipo de Trabajo Internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Laura Giosa, decana Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro y profesora adjunta Facultad de Derecho de la UBA y Paula Robledo, defensora delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo de Colombia.
Al iniciar su disertación, Martínez explicó que la ley orgánica del MPD especifica que la defensora general de la Nación tiene la facultad de asistir y patrocinar técnicamente ante los organismos internacionales, y comentó las dificultades que tuvo que afrontar la defensa pública para ser aceptada dentro del sistema interamericano de derechos humanos. “Se cuestionaba que un funcionario público pudiera litigar contra el Estado, que es el mismo que le paga el sueldo y del que forma parte. Se sospechaba sobre la fuerza con la que nosotros podíamos representar los intereses de las personas a quienes defendíamos y también se planteó el temor de que la presencia de la defensa pública lograra debilitar los estándares. Muchos años después podemos demostrar con orgullo que esto no fue así, sino todo lo contrario”, enfatizó.
Stella Maris Martínez también se refirió al Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos, que funciona en la órbita del MPD y tiene entre sus principales tareas evaluar y gestionar los casos que el organismo patrocina ante los sistemas internacionales de derechos humanos. “A diferencia de lo que sucede con el litigio interno, nosotros no patrocinamos todos los casos que nos solicitan. Esto se debe a que el sistema interamericano no es una cuarta instancia y nos interesa llevar adelante lo que se conoce como litigio estratégico: seleccionamos los casos para obtener un resultado determinado, en función de la vulnerabilidad del requirente, del carácter paradigmático, sistemático o estructural de las violaciones de los derechos humanos, de la posibilidad que presente el caso para alcanzar reparaciones de alcance general, para impulsar cambios legislativos o para introducir aspectos novedosos en la jurisprudencia en beneficio de los sectores de mayor vulnerabilidad”, comentó.
La defensora detalló que desde la creación del Programa, hace más de veinte años, la DGN intervino en casos que versan sobre violaciones a las garantías judiciales y al debido proceso, al principio de legalidad, a la integridad y libertad personales, a la tutela judicial efectiva, a la igualdad y a la no discriminación. Entre otros, destacó la importancia que tuvo el caso Mendoza contra Argentina, el cual constituye “el primer litigio resuelto por la Corte [IDH] llevado integra y exclusivamente por la defensa pública argentina”. En esa sentencia se declaró la responsabilidad internacional del Estado argentino por la aplicación de penas de prisión perpetua por hechos cometidos cuando sus autores eran personas menores de edad. Además, señaló que entre las medidas de reparación establecidas se encuentran las garantías de no repetición para que se revisen y no se vuelvan a imponer este tipo de condenas, que se modifique el régimen penal juvenil, que se desarrollen políticas públicas en materia de infancia en conflicto con la ley penal acorde con los estándares internacionales y que se realicen cambios en el sistema recursivo para que se posibilite la revisión integral de las sentencias condenatorias. Respecto al caso Mendoza, Martínez afirmó que “a más de cinco años del dictado de la sentencia, la dimensión estructural aún se encuentra insatisfecha”.
Al referirse “al carácter pionero y sostenido de la defensa pública en el litigio internacional”, destacó la creación de los defensores públicos interamericanos (integrantes de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas -AIDEF-) que intervienen en el sistema interamericano de derechos humanos para dar patrocinio a quienes llegan sin representación ante la Corte IDH. Además, actúan en casos que tramitan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se alcanzaron experiencias satisfactorias de solución amistosa.
Sobre el final de su exposición, planteó como un “gran desafío” la necesidad de reducir el tiempo que insume el trámite de los casos ante los sistemas internacionales de protección.
Durante el seminario, que fue inaugurado por el decano de la Facultad, Alberto J. Bueres, y por el presidente de la Corte IDH, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, se trataron temas como la interacción entre el derecho nacional e internacional y las grandes líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana. Además, se realizó la presentación de la “Segunda Edición del Comentario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
