Durante sus 10 años de funcionamiento, los servicios de asesoramiento y patrocinio jurídico a víctimas de violencia de género de la Defensoría General de la Nación recibieron 21424 consultas y patrocinaron a 5843 mujeres. A su vez, los servicios computaron que durante 2018 se registraron 2499 consultas, que derivaron en patrocinio en 1017 oportunidades por configurar situaciones de violencia de género. Estos datos indican que, en promedio, durante 2018 las oficinas recibieron por mes 208 consultas, y otorgaron mensualmente 85 patrocinios a nuevos casos. El número de patrocinios otorgados verificó un incremento respecto al año anterior (del 8%), aumento que se viene sosteniendo desde 2014.
El primero de estos servicios de asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito, focalizado en casos de violencia en las relaciones interpersonales contra mujeres adultas, comenzó a funcionar en 2009 cuando la DGN suscribió un convenio con la Corte Suprema de Justicia para la atención de casos recibidos en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD). Más tarde, en octubre de 2012, se creó el Proyecto Piloto de Asesoramiento y Patrocinio para Víctimas de Violencia de Género -dependiente de la comisión sobre Temáticas de Género de la DGN- , que recibe casos de violencia de género en cualquiera de sus formas y modalidades, que fue ampliado durante el año 2013 y logró incluir servicios descentralizados en algunos barrios marginados de la Ciudad de Buenos Aires. Algunos de estos servicios son organizados en cooperación institucional con otros organismos, como la OVD, el Instituto Nacional de las Mujer (INAM) y los Centros de Acceso a la Justicia dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quienes proveen algunas de las oficinas en las que funciona el patrocinio jurídico.
Los casos recibidos que involucran hechos de violencia de género y habilitan la intervención de los servicios constituyen, en su inmensa mayoría, situaciones de violencia en las relaciones familiares o afectivas. En una medida muy menor (29 casos) se intervino en otras formas de violencia de género, como ser violencia laboral (25 casos) e institucional (3 casos).
En líneas generales, quienes se acercaron a los servicios de asesoramiento y patrocinio, dependiente de la Comisión sobre Temáticas de Género, arrastraban situaciones de violencias previas, incluso de larga data.
El 83% presentó la denuncia luego de haber sufrido los maltratos por un período superior al año. Cuatro de cada diez consultantes refirieron maltratos de una duración de entre uno y cinco años; y dos de cada diez comunicaron que el maltrato se mantuvo de seis a diez años (19%) o durante diez o más años (22%). No sólo los períodos en los cuales el maltrato se extendió han sido largos, sino que también su frecuencia ha sido intensa. Tres cuartas partes de las consultas refirieron situaciones de violencia diaria (38%) o semanal (36%).
En general, las asistidas con hijos/as relataron que la violencia se extendió hacia ellas/os, ya sea porque la sufrieron de manera directa (en el 57% de los casos) o porque la presenciaron (82% de los casos).
Por último, un tercio de las asistidas manifestó que con anterioridad ya había interpuesto alguna denuncia por hechos de violencia (en el 30% de esos casos, se presentaron dos o más denuncias previas). Este dato indica la necesidad de repensar los mecanismos actuales de protección y evaluar otros modelos superadores, que logren brindar respuestas más eficientes y de fondo a la situación de las mujeres que buscan medidas de protección.
Se reiteran incumplimientos y agresiones
El análisis se focaliza también en los procesos judiciales que corresponden a casos “activos” al 30 de septiembre de 2018, con independencia de la fecha de inicio del proceso, y que suman un total de 1295 expedientes.
En los casos relevados, el 89% ya contaba con al menos una medida de protección, y aun así fue necesario solicitar nuevas medidas en tres de cada cuatro casos, las que fueron concedidas casi en su totalidad. Estos datos indicarían que la falta de asesoramiento y patrocinio suele repercutir de forma negativa en la defensa de los derechos de las víctimas de violencia, ya que a partir de una intervención profesional especializada suelen obtenerse medidas de protección más amplias que las que consiguen sin asistencia legal.
En el 84% de los casos la notificación quedó a cargo de la denunciante, lo que burocratiza innecesariamente el trámite y obliga a las víctimas a lidiar con la policía para que las medidas puedan ser efectivas; además, las obliga a acercarse a la Comisaría más próxima al domicilio del denunciado, lo que podría exponerlas a un riesgo.
El 66% de los expedientes tiene una duración que supera los seis meses (en uno de cada diez, supera incluso los dos años). La excesiva duración de procesos ideados para dar respuesta a situaciones de urgencia, es demostrativa de la insuficiencia de las medidas de tipo provisorias que contiene el actual marco procesal en un importante número de casos, y sugiere la necesidad de evaluar reformas legales que brinden respuestas de fondo a situaciones de violencia crónica.
En el 44% de los casos se registró un incumplimiento de las medidas dispuestas en favor de la víctima, en tanto que en el 29% se sucedieron nuevos hechos de violencia con posterioridad a la denuncia judicial. Es por ello que en seis de cada diez veces fue necesario renovar las medidas de protección (y la mitad de las ocasiones, hubo que pedir repetidas veces la prórroga de las medidas). Estos datos podrían sugerir la necesidad de repensar los mecanismos actuales de protección y evaluar otros modelos superadores, que logren brindar respuestas más eficientes y de fondo a la situación de las mujeres que buscan medidas de protección.
Más Datos
En mayor parte, las personas asistidas fueron mujeres jóvenes (78%, con edades entre los 18 a 44 años), de estado civil solteras (70%), que no conviven con la persona que denuncian (92%) y residen en la ciudad de Buenos Aires (90%).
En su mayor porcentaje son madres (85%) con un promedio de entre uno y dos hijas e hijos a su cargo (65% de los casos), y son las responsables principales del sostén del hogar (64%). Cuando hay hijas/os en común con la persona denunciada (85%), en tres de cada cuatro casos (74%) no reciben apoyo económico de su parte. Un alto porcentaje (45%) recibe prestaciones de la seguridad social.
En el 97% de los casos han sido las propias damnificadas quienes se acercaron a realizar la consulta, y cuando no fueron ellas, en general han sido sus madres quienes consultan por ellas (en 27 de 32 casos).
En general, las personas denunciadas por violencia de género son varones (98%), jóvenes (el 67% tiene entre 25 y 44 años), con bajos niveles de educación formal (el 56% tiene estudios inferiores al secundario completo), y ocupados en el mercado formal (41%) o informal (34%) de trabajo.
El 88% de las veces, la denuncia se dirige contra la pareja o ex pareja de las asistidas.
El 16% de los denunciados tiene antecedentes penales, el 10% posee armas de fuego, y el 3% pertenece a una fuerza de seguridad o es personal de seguridad.
La convivencia con el agresor constituye un indicador de mayor riesgo y de dificultad para denunciar y cortar lazos violentos. Del universo de casos recibidos durante el 2018, solo en el 6% de ellos la consultante mantenía la convivencia. Este dato sugiere la necesidad de implementar políticas públicas que ofrezcan alternativas reales a mujeres que ven restringidas sus posibilidades de salir de relaciones violentas por necesidades habitacionales o de subsistencia que pueden no ver satisfechas ante una denuncia.
Por otra parte, se indagó en el impacto que puede tener el momento de la separación en el ejercicio de la violencia. En concreto, se les preguntó a las consultantes que se habían separado del denunciado si, tras la separación, se incrementaron los episodios de violencia. El 82% del total de las asistidas contestó que se separó del denunciado tras un período de convivencia. De esa cantidad, el 64% manifestó que luego de la separación se intensificó la violencia. Esta información es significativa a la hora de pensar medidas de protección, teniendo en cuenta factores que incrementan el riesgo de violencia, como es la separación.
Durante 2018, los casos recibidos mostraron distintos tipos de violencia superpuestos. Prácticamente la totalidad de las asistidas (97%) identificaron la presencia de violencia psicológica, seguidos en prevalencia por aquellos casos que involucran violencia física (88%). A su vez, dos terceras partes (64%) involucran violencia económica o patrimonial, y la mitad (51%) violencia sexual, lo que muestra un crecimiento sostenido de la denuncia de este tipo de agresiones ante los servicios del patrocinio jurídico.
El informe anual de los servicios de asesoramiento y patrocinio jurídico a víctimas de violencia de género estará disponible el próximo 8 de marzo en www.mpd.gov.ar.
Dónde asesorarse
En la actualidad, la recepción de casos se efectiviza en la sede de la calle Paraná 426, 1º Piso, y en los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), que se encuentran en diversos barrios de la CABA: Barracas (Villa 26), Villa Soldati, Ciudad Oculta (Villa 15), Villa 31, Villa 31 bis, y Villa 1.11.14.
Los únicos recaudos que se deben acreditar para acceder a los servicios son: que se trate de un hecho de violencia de género; y que el reclamo pueda plantearse ante la justicia federal o nacional de la Ciudad de Buenos Aires, o ante algún organismo de la administración nacional. No se exige requisito de pobreza.