El Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina se reunió este mediodía con el Subsecretario de Justicia y Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Juan José Benítez. El encuentro tuvo como motivo la presentación de un documento por parte del Consejo que analiza críticamente la baja en la edad de imputabilidad penal (de 16 a 15 años) que auspicia el anteproyecto de ley sobre el sistema de responsabilidad penal juvenil elaborado por el Ministerio.
En el texto firmado por los defensores se destaca la existencia de “una inocultable tensión entre la decisión política estatal dirigida a bajar la edad de imputabilidad penal de niñas, niños y adolescentes (NNyA) y el reconocimiento pleno de los derechos y garantías de estos sujetos privilegiados”. El texto resalta que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas señala que “el cabal reconocimiento de los derechos y garantías de NNyA, a la luz del interés superior del niño como principio interpretativo dirigido a garantizar la máxima satisfacción de estos, se relaciona con la fijación de una EMRP [edad mínima de responsabilidad penal] lo más alta posible, y nunca con la disminución de esa con el objetivo de ampliar la operatividad del sistema penal juvenil”.
El documento especifica y desarrolla, además, cuestiones que toda consideración sobre el tema de la edad mínima de responsabilidad penal (EMRP) debería tomar en cuenta. Entre ellas: la concepción del sistema penal como ultima ratio para tratar, aun desde el punto de vista legislativo, los problemas y conflictos de NNyA; la existencia de un problema social; la eficacia de la herramienta de política pública; y la conceptualización en clave jurídico/legal de la cuestión etaria en el sistema penal juvenil.
Entre las conclusiones del texto firmado se señala que “la adecuación del orden interno a los requerimientos del derecho internacional de los derechos humanos como justificación central de la sanción de un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil es ajena a la previsión de una EMRP de 15 años (art. 2°, a del anteproyecto). Ello no solo pone en crisis la consistencia del apoyo argumental principal de la reforma, sino que también revela la carencia de razones suficientes en el anteproyecto para fijar dicha EMRP”.
El escrito fue rubricado por Stella Maris Martínez, defensora general de la Nación; Maximiliano Benítez, defensor general de Entre Ríos; Mirta Lapad, asesora general de incapaces de Salta; Mariana Silvestri Bauco, defensora general de Mendoza; Jaquelina Balangione, defensora penal del Servicio de Defensoría Penal Pública de Santa Fe; Enrique Billaud, defensor general de Santiago del Estero; Alicia Beatriz Alcalá, defensora general del Chaco; Horacio Corti, defensor general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Domingo Fernández, defensor general ante el Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz; Susana Traillou, defensora general del Ministerio Público de la Defensa Civil de Jujuy; Sebastián Daroca, defensor general de Chubut; Azucena del Carmen Sánchez, defensora general de La Rioja; Eduardo Aguirre, defensor general de La Pampa; Ricardo Cancela, defensor general del Ministerio Púbico de la Defensa del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén; Ariel Alice, defensor general de Río Negro; Luis Duacastella defensor general adjunto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Yael Bendel, asesora general tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Washington Navarro, ministro a cargo del Ministerio Pupilar y de la Defensa de Tucumán.
Para leer el documento completo del Consejo Federal seguir el siguiente enlace: https://www.mpd.gov.ar/pdf/prensa/DocumentoConsejoProyectoLeyEdadImputabilidad.pdf
