El pasado 14 de febrero se llevó a cabo el primer encuentro del año de la Mesa de Coordinación Institucional de Agencias de Acceso a la Información Pública. La reunión, realizada en el Salón Presidente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, tuvo como objetivo abordar los principales ejes de trabajo y organizar la agenda conjunta para 2019.
Participaron de la Mesa directores y representantes de las Agencias del Poder Ejecutivo, del Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD), del Consejo de la Magistratura de la Nación y del Ministerio Público Fiscal de la Nación, además de los responsables de Acceso del Consejo de la Magistratura y de ambas Cámaras del Congreso de la Nación.
Este fue el primero de un ciclo de encuentros periódicos que se llevarán a cabo durante el año, al igual que se hizo en 2018, para abordar diferentes temáticas en relación al Acceso a la Información Pública.
La Mesa de Coordinación Institucional fue creada el 3 de noviembre de 2017, en la órbita de la Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, y está integrada por representantes de las Agencias de Acceso a la información pública del Poder Ejecutivo, del MPD, del Ministerio Público Fiscal y del Consejo de la Magistratura.
Su objeto principal consiste en promover el trabajo conjunto entre las distintas oficinas y agencias de acceso a la información de todos los poderes del Estado; colaborar en el diseño de la planificación estratégica y la difusión de las políticas de transparencia y acceso a la información, manteniendo la independencia de cada órgano y cada poder; generar herramientas que permitan la asistencia técnica recíproca entre las oficinas y agencias de acceso a la información; y participar en proyectos conjuntos de cooperación internacional en la materia con criterios de transversalidad.
Para cumplir con ese fin, la Mesa se reúne de forma periódica, de modo tal que se permite en cada encuentro compartir experiencias entre los actores, analizar elementos críticos en la implementación de la ley, y diseñar estándares y ejes de trabajo conjuntos.
