El viernes pasado el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Germán Garavano inauguró un nuevo centro de monitoreo de tobilleras electrónicas. En representación de la Defensoría General de la Nación (DGN) estuvo presente Guillermo Todarello, defensor público oficial ante la Cámara Federal de Casación Penal Nº 2 y cotitular de la Comisión de Cárceles de la DGN.
Las instalaciones del centro de monitoreo funcionarán en la sede Costanera Sur de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, y contará con un equipo de 35 psicólogos y trabajadores sociales abocados a la integración social de los detenidos, además de 12 operadores, un departamento jurídico y otro especializado en estadísticas e informes.
Los dispositivos de control ambulatorio poseen un geolocalizador que transmite la ubicación del detenido durante las 24 horas, los 365 días del año.
En un comunicado difundido por el Ministerio, Garavano explicó que esto forma parte de un programa que cuenta con dos ejes: el de los detenidos con prisión domiciliaria y el de la violencia de género. “El Estado nacional”, sostuvo el ministro, “le está dando a las provincias esta herramienta de avanzada que funciona muy bien en otros países. Hoy, con 350 dispositivos activos en todo el país, podemos proteger a las mujeres, que es uno de los grandes desafíos que tiene la Justicia y el Gobierno”.
Por un lado -según la misma fuente- la asignación de tobilleras es establecida según un orden de prioridad, que define como población vulnerable a las mujeres embarazadas, a las madres de niños menores de cinco años, a los enfermos en periodo terminal o cuando el encierro carcelario les impida recuperarse, a personas con discapacidad, a los mayores de 70 años y a aquellos que sean considerados de baja peligrosidad.
El uso de esta tecnología contribuye a enfrentar el aumento sostenido de la tasa de encarcelamientos en las cárceles federales. Según datos del Ministerio de Justicia, hoy existen 1200 tobilleras en uso.
A su vez, la cartera que conduce Garavano también tiene a su cargo la supervisión de los dispositivos duales para víctimas de violencia de género. Los equipos se componen de dos unidades de rastreo, uno para la víctima y otro para el agresor.
En este caso, el sistema monitorea la ubicación y fija zonas de exclusión o de peligro como el domicilio o lugar de trabajo de la víctima, el colegio de los hijos, entre otras. Ante una eventual violación del perímetro se emite una alerta y ese incumplimiento tiene valor probatorio en la causa judicial.
Además de Garavano y de Todarello, estuvieron presentes en la inauguración los jueces Julián Ercolini, Daniel Petrone, Sebastián Casanello, Carlos Mahiques, Eduardo Ricci, Jimena Monsalve, Vilma Bisceglia, José Michilini, Ana María Martínez y Ricardo Basílico; así como representantes de la Procuración Penitenciaria de la Nación, del Instituto Nacional de las Mujeres y de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia; entre otros.
Recomendación de la Defensoría General de la Nación
En el año 2017, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, dictó la Resolución DGN Nº 209/17 mediante la cual se destaca que dentro de los deberes y atribuciones de los defensores públicos oficiales se encuentran los de tomar medidas para asegurar la vigencia de los derechos y garantías de los defendidos alojados en los establecimiento de detención. En igual sentido subraya que el fin de la privación de libertad, más allá del objetivo procesal, debe ser conducente con la necesidad de reducir la desocialización del encierro. De allí la importancia de que en los casos donde no sea posible la libertad, al menos se logre la morigeración del encierro.
Por ello es que, con el fin de aunar modalidades de actuación frente a esos casos específicos, la Resolución recomienda a todos los integrantes del Ministerio Público de la Defensa de la Nación con competencia en el fuero penal que “siempre que la situación personal y procesal del/de la asistido/ a así lo aconseje, insten la utilización de las pulseras electrónicas como alternativa a la privación de la libertad en los establecimientos carcelarios".