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El pasado 4 de enero el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, se reunió con representantes del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles (SICC), que preside el juez Gustavo Hornos. La Defensoría General de la Nación, que integra el SICC, participó a través del coordinador general de Programas y Comisiones, Gustavo Iglesias, y el cotitular de la Comisión de Cárceles, Alejandro Fillia.
 
Allí, se transmitió al ministro la preocupación del SICC por la decisión de aplicar el Protocolo para la Evaluación del Riesgo de Alojamiento en Celdas Compartidas y el Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
 
El SICC ya había planteado su inquietud a través de una carta del 21 de diciembre de 2018, que contó con el aval de todos los miembros del SICC y fue firmado por Hornos; por la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez; por el procurador penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo, y por jueces y fiscales de distintas instancias y jurisdicciones, entre otros.
 
En dicha carta, se advirtió a Garavano que: "Los crecientes niveles de sobrepoblación y hacinamiento producen situaciones de mayor restricción indebida de todos los derechos de las personas privadas de la libertad (violencia, atención médica, alimentación, contacto familiar, entre otras) en contradicción con los estándares internacionales y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
 
En la presentación, el SICC afirma que a través de la carta “deja expresada su profunda inquietud y señala la obligación permanente de compatibilizar las instituciones carcelarias con los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, especificados en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y particularizados en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos -Reglas Mandela-“.
 
En la reunión que tuvo lugar en la ex ESMA, se insistió en la preocupación por "los niveles de sobrepoblación en las cárceles federales de todo el país y el aumento de la tasa de población penal producido en forma exponencial en los últimos años".
 
El SICC expresó que las medidas impulsadas por el Poder Ejecutivo, que buscan convertir las celdas unipersonales en compartidas -con el agregado de una cama doble- y traspasar 3.000 encarcelados desde el Servicio Penitenciario Bonaerense al Servicio Penitenciario Federal, pueden perjudicar los derechos de las personas privadas de libertad y se oponen a los estándares mínimos establecidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
 
 Para acceder al escrito del SICC, ingrese al siguiente link: https://drive.google.com/file/d/16nq4R91KlKbtu_6z50_THnhDCBZCNgLP/view