El miércoles 12 de diciembre se llevó a cabo la primera reunión anual del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) y del Consejo Federal de Mecanismos Locales con la presencia de funcionarios y magistrados de la Defensoría General de la Nación (DGN) y de representantes de organismos públicos y de la sociedad civil. El encuentro se realizó en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti del Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La jornada, realizada en el marco de lo previsto en el artículo 40º de la Ley 26.827 (norma que creó el CNPT), tuvo como objetivo discutir sobre la situación de las personas privadas de libertad en el país y realizar una evaluación del funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
En la apertura de la reunión participó, en representación de la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, el defensor público oficial a cargo de la Coordinación de Programas y Comisiones de la DGN, Gustavo Iglesias. El magistrado formó parte del panel junto con el subsecretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Brian Schapira; el Procurador Penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo; la representante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Neuquén, Noemí Labruna; y, en nombre de los mecanismos locales, Francisco Alvarado. Además, estuvieron presentes los presidentes de los mecanismos nacionales de prevención de la tortura de Paraguay y Brasil.
Luego de evocar la Campaña Nacional contra la Tortura de 2013 (llevada a cabo por la DGN junto con otros organismos) y subrayar que la tortura es un fenómeno que efectivamente existe en Argentina -realidad que le ha valido al país la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Mendoza y otros Vs Argentina”-, Iglesias afirmó que “únicamente podrá ser restringida, limitada y erradicada si todos nosotros trabajamos en conjunto”.
El defensor destacó el trabajo que realiza el Ministerio Público de la Defensa (MPD) en términos de lucha contra la tortura, pero enfatizó que, aunque “nosotros ponemos toda nuestra energía, y todos [los organismos] ponen toda su energía, eso no alcanza: el fenómeno no desaparece”. “Solamente lo hará”, culminó, “cuando entre nosotros nos conozcamos y actuemos en conjunto para delimitar el lado de quienes cometen delitos, el lado de quienes toleran que se cometan esos delitos y el lado de quienes creemos que no se pueden tolerar; quienes creemos que la tortura no merece justificación alguna y que la situación de violencia institucional no merece justificación alguna”.
Por la tarde se trabajó en cuatro comisiones divididas en ejes temáticos (niños y salud mental, violencia policial y servicio penitenciario, subdividida en dos grupos), dedicadas a generar diagnósticos y delinear desafíos y formas de articulación entre los distintos actores. Allí estuvieron presentes, por parte de la DGN, integrantes del Órgano de Revisión Nacional de Salud Mental, de la Unidad de Letrados Art. 22 de la Ley 26.657, del Programa contra la Violencia Institucional, de la Comisión de Cárceles y de la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes.
Las conclusiones del encuentro se incluirán en el informe anual del período correspondiente.
Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT)
El 28 de diciembre de 2017, en el Senado de la Nación, se llevó adelante el acto constitutivo del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, órgano rector del Sistema Nacional para la Prevención de Tortura y Otros Tratos o penas crueles, Inhumanos o Degradantes, establecido por la Ley 26.827.
El CNPT es un dispositivo de monitoreo, control y seguimiento de lugares de detención donde se encuentran personas privadas de libertad, tales como establecimientos penitenciarios, alcaldías, instalaciones de fuerzas de seguridad y comisarías; entre otros.
El Comité Nacional tiene como función realizar visitas de inspección a cualquier lugar de detención de manera regular y sin previo aviso; recopilar y sistematizar información de todo el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura sobre la situación de las personas privadas de libertada en todo el territorio nacional; crear, implementar y coordinar un Registro Nacional de casos de Tortura y un Registro Nacional de Acciones Judiciales de Habeas Corpus; elaborar estándares y criterios de actuación, y promover su aplicación uniforme y homogénea por parte del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura; diseñar y recomendar acciones y políticas para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y promover la aplicación de sus recomendaciones y criterios de actuación por parte de las autoridades competentes a nivel nacional, provincial y municipal.
