En 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 3 de diciembre como Día Internacional de las Personas con Discapacidad para promover los derechos y el bienestar de estas personas en todos los ámbitos de la sociedad.

La discapacidad es una condición que afecta la vida de una persona o un grupo. Las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad entiende por discapacidad a “la deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social”.

El mismo documento considera a la discapacidad como una de las causas de vulnerabilidad, es decir que las personas con discapacidad encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Además, insta a los Estados a “establecer las condiciones necesarias para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad al sistema de justicia”.

Por otra parte, en 2006 las Naciones Unidas aprobaron la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). Con ese tratado, que entró en vigor el 3 de mayo de 2008, se logró el reconocimiento mundial de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos. La perspectiva establecida por la Convención vela por que las personas con discapacidad tengan acceso y puedan participar en las decisiones que influyen en su vida y solicitar reparación en caso de que se violen sus derechos.

Por ello, el Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD), como institución de defensa de derechos humanos que pretende asegurar el acceso a la justicia de todos y en especial de quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad, cuenta con el Programa sobre Temáticas de Salud, Discapacidad y Adultos Mayores de la Defensoría General de la Nación (DGN). El Programa fue creado en 2012 con el objetivo de fortalecer el trabajo de los defensores públicos de la institución y para promover políticas públicas orientadas a la sensibilización, concientización y protección de los derechos humanos relacionados con el derecho de las personas con discapacidad.

Guiado por el paradigma de la CDPD, el Programa de la DGN promueve la protección de los derechos humanos y la reducción de obstáculos al efectivo acceso a la justicia de las personas con discapacidad. También coordina acciones con otros Programas y Comisiones de la DGN y con distintas instituciones nacionales e internacionales que puedan colaborar con la prestación de estos servicios.

Además, en el marco del programa EUROsociAL II, el Programa participa de un proyecto orientado a reducir los obstáculos socioculturales que impiden el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, que consiste en la difusión y promoción del “Protocolo para el Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad. Propuestas para un trato adecuado”. A partir de ese proyecto se lograron adhesiones al Protocolo por parte de numerosas instituciones del sistema de justicia federal, provincial y regional.

En su trabajo diario el Programa atiende consultas de los defensores públicos oficiales de todo el país, de particulares y de asociaciones de la sociedad civil; también realiza gestiones institucionales con otros organismos públicos relacionados con la temática de las personas con discapacidad para la eliminación de barreras de acceso a la justicia.

Con tales iniciativas, el MPD ratifica su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos e impulsa la eliminación de los obstáculos a la integración para que las personas con discapacidad puedan participar activa y productivamente en la vida social y económica de su comunidad, lo que resultará en la construcción de una sociedad incluyente.