El 13 de noviembre Unicef presentó en el salón Auditorio de la Organización de Estados Iberoamericanos “Las Voces de las y los Adolescentes Privados de Libertad en Argentina”, un estudio sobre chicas y chicos privados de libertad en Centros Cerrados, realizado en conjunto con el Centro de Estudios de Población (CENEP). La Defensoría General de la Nación (DGN), representada por Damián Muñoz y María García Morabito, fue el único organismo convocado por los organizadores para acompañar la presentación.
Luego de la exhibición de material audiovisual, Ana De Mendoza (representante adjunta de Unicef Argentina), Mariángeles Misuraca (oficial de Protección y Acceso a la Justicia de ese organismo) y Hernán Monath (especialista en Protección de Derechos y Acceso a la Justicia, también de Unicef); y Matías Bruno (CENEP), fueron los encargados de exponer los principales lineamientos surgidos del trabajo.
Acto seguido, tomó la palabra Damián Muñoz, defensor oficial ante los Tribunales Orales de Menores y cotitular de la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes de la DGN.
Respecto del estudio, Muñoz afirmó que “demuestra la situación del colectivo de adolescentes privados de libertad desde sus experiencias personales. Sus voces son las que (nos) hablan. No hay adultos que moldeen sus decires. La voz adolescente nos interpela a quienes de una u otra forma intervenimos en sus vidas".
"El informe”, sostuvo el defensor, “acredita que las y los adolescentes privados de su libertad constituyen uno de los colectivos más olvidados y vulnerables del orden social. Por sus orígenes, por sus azares siempre desaventajados, por sus infancias tan poco infantiles, por sus ingresos a la adolescencia sin redes de contención, por los contextos de diversas violencias en los que viven y los/las atraviesan (familiares, comunitarias y, en especial, institucionales). Y además, porque, en líneas generales, esos índices de vulnerabilidad se agravan marcadamente en sus experiencias de privación de libertad. A sus cursos de vida caracterizados por sus fragilidades subjetivas y tramas de exclusión social se adosa esa huella estigmatizante que imprime todo encierro punitivo".
Muñoz destacó que las voces protagonistas del informe son voces que configuran “un insumo imprescindible para la elaboración de un diagnóstico preciso y urgente que permita ajustar, redefinir y autocriticar nuestras propias prácticas”.
"El informe es de lectura obligatoria”, concluyó el cotitular de la Comisión de la DGN, “no sólo para quienes trabajamos en este campo específico, sino para la ciudadanía en general. Pero muy especialmente para los bajacionistas de la edad de punibilidad, para que comprueben las consecuencias concretas de la intervención penal. Y para que, después de su atenta lectura, puedan evaluar honestamente la conveniencia de extender esta situación a las y los adolescentes de catorce y quince años. En otras palabras, para que puedan advertir que sus pretensiones no harían más que duplicar este fracaso, tan contraproducente en lo social como ineficiente en la responsabilización subjetiva".
Antes de la presentación formal, por la mañana, se había realizado -en las oficinas de Unicef- una primera presentación del informe dedicada solamente a periodistas. Allí, además, de los representantes de Unicef, estuvo presente María García Morabito, coordinadora de la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes.
En ese marco, los miembros del organismo de las Naciones Unidas dedicaron palabras elogiosas a la actividad de la Defensoría General, especialmente en cuanto al rol de monitoreo de las condiciones de alojamiento de las niñas, niños y adolescentes que desarrolla en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El informe
La investigación de Unicef y el Centro de Estudios de Población (CENEP) realizó encuestas al 40% del total de las y los adolescentes privados de la libertad, quienes hablan de la escuela, la violencia, sus familias, el proceso judicial que transitan, sus sueños y sus proyectos para el futuro.
La muestra fue realizada por regiones geográficas: Buenos Aires (Provincia y Ciudad Autónoma), Centro, Cuyo y Norte del país. En total fueron relevados 22 centros cerrados. A través de las encuestas, se obtuvo información sobre las trayectorias biográficas de los chicos, su educación, sus experiencias con el trabajo, sus recuerdos sobre los lugares en donde se criaron y sus familias, el acceso a derechos básicos durante la privación de libertad, la relación con las fuerzas de seguridad.
Los datos presentados por Unicef indican que la privación de la libertad es una medida sancionatoria ineficaz para cumplir con los fines educativos y de reinserción social que debe tener toda sanción especializada para adolescentes.
La investigación de Unicef y CENEP también indagó sobre las condiciones de vida en los centros y detectó, entre otras irregularidades, falta de acceso a tratamientos de salud, abusos en los regímenes disciplinarios, dificultades para mantener un contacto con el mundo exterior, situaciones de violencia. En cuanto a las condiciones edilicias, se constató ausencia de luz natural y ventilación, falta de calefacción, humedad en las paredes, pisos y materiales sueltos, roedores e insectos y espacios reducidos, principalmente en sitios de descanso, instalaciones sanitarias, patios y salones.
El estudio incluye una serie de recomendaciones finales dirigidas a fortalecer las políticas públicas y los recursos en pos de garantizar el acceso a derechos a las y los adolescentes.
Para acceder al informe ingresar al siguiente enlace.
Crédito foto: Unicef