El Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, del cual forma parte la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación (DGN), realizó un monitoreo -sin aviso previo- al Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ex Unidad 2 de Devoto). El objetivo de la visita fue inspeccionar los sectores más conflictivos y el Centro Universitario Devoto (CUD), que funciona dentro de la cárcel, ya que, en un fallo reciente, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió por mayoría -en el marco de un habeas corpus colectivo- disponer las medidas necesarias para asegurar el derecho a la educación universitaria que se dicta en la cárcel.
Participaron del monitoreo el juez Gustavo Hornos; el defensor público oficial Guillermo Todarello, cotitular de la Comisión de Cárceles de la DGN; Luciano Hazan, coordinador del Programa contra la Violencia Institucional de la DGN; Leandro Botta Ameri, integrante de la Comisión de Cárceles de la DGN; el fiscal Abel Córdoba; el procurador general adjunto de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Ariel Cejas Meliare; y Bárbara Franco, de la Procuraduría contra la Violencia Institucional de la Procuración General de la Nación. Asistió como actuaria la secretaria del Sistema, Lucía Gallagher; entre otros funcionarios y empleados. Además, estuvieron presentes el director del Complejo, inspector general Adrián Espinosa; el subdirector, Hugo Medina; el director administrativo, Walter Tragnoni; y el delegado de ejecución de la Cámara Federal de Casación Penal, Juan Ignacio Milano.
En concordancia con lo resuelto por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, la comitiva encabezada por el juez Hornos se reunió con los estudiantes del CUD y reafirmó su compromiso con la continuidad de los programas de educación, destacando la importancia del espacio educativo para la reinserción al medio libre. Asimismo, se recorrieron otros sectores del Complejo, donde se pudieron constatar indicadores de hacinamiento y condiciones de alojamiento que se encuentran cercanas al piso mínimo establecido por los estándares internacionales Reglas Mandela (suciedad, mesas y sillas rotas, falta de calefacción, deficiencias en el funcionamiento de los anafes en la cocina y pérdidas de agua, entre muchas otras).
Finalizada la recorrida, se realizó una mesa de diálogo con las autoridades del Complejo y se hicieron señalamientos, especialmente con relación a que no se debe ni puede restringir la presentación de la acción de habeas corpus como la vía idónea para procurar la corrección de situaciones que, al restringir derechos tales como salud, educación, higiene y alimentación, afectan de modo relevante las condiciones del encierro. Allí se transmitieron a las autoridades las quejas de los internos relativas al acceso al trabajo, al sistema de calificaciones y a la dificultad que eso les genera en la vida en la cárcel.
Asimismo, el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles advirtió sobre la imperiosa necesidad de que todas las personas alojadas en el Complejo accedan efectivamente a las prestaciones de asistencia médica en tiempo y forma. Además, se solicitó que se garantice el suministro de las cuatro comidas, y que las mismas sean adecuadas tanto en calidad como cantidad, y en horarios apropiados. Así como que se asegure el acceso a agua potable de calidad para el consumo de la forma más libre.
