El 5 de septiembre de 1782, en Bolivia, fue asesinada Bartolina Sisa, mujer indígena que se opuso a la opresión de los conquistadores españoles. En homenaje a la líder indígena, el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América reunido en Tihuanacu (Bolivia), instituyó esa fecha como el Día Internacional de la Mujer Indígena.
En esta jornada el Ministerio Público de la Defensa, organismo que garantiza el acceso a la justicia, en particular de quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, reafirma su compromiso a través de los Programas de Diversidad Cultural y Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación, para remover los obstáculos que enfrenta este colectivo doblemente discriminado por ser mujeres e indígenas.
En América Latina y el Caribe, hay alrededor de 45 millones de indígenas que representan el 8,3% de la población, pero es el 15% de ellos quienes padecen inseguridad alimentaria y pobreza extrema. De acuerdo a Naciones Unidas, las mujeres indígenas en la región enfrentan tasas de pobreza y desnutrición más altas que cualquier otro grupo social y ganan cuatro veces menos que los hombres.
En este sentido, el informe sobre derechos humanos de las mujeres indígenas en América de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que fue dado a conocer en 2017, manifiesta la necesidad de que los Estados adopten medidas integrales para garantizar el respeto de los derechos humanos de las mujeres indígenas considerando la discriminación que han sufrido a lo largo de la historia como consecuencia de factores interconectados como la pobreza, la raza o la etnicidad, que intensifican la desigualdad estructural e institucional en la sociedad.
En las sentencias de Inés Fernández‐Ortega y Valentina Rosendo Cantú Vs. México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se refirió a los obstáculos particulares que enfrentan las mujeres indígenas para acceder a la justicia, como el hablar un idioma distinto y el no tener acceso a intérpretes, y a la escasez de recursos económicos para acceder a un abogado, entre otros. La CIDH también advierte que en la mayoría de los sistemas de justicia del continente americano, los casos todavía no se tramitan con una perspectiva de género y étnico-racial, y hay poco personal judicial capacitado y sensible a la cultura y la cosmovisión de los pueblos indígenas.
Por su parte, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, señala que “los Estados deben encontrar la manera de lograr un delicado equilibrio entre la protección de las mujeres indígenas y el respeto a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas”.
En este día, Stella Maris Martínez, defensora general de la Nación, resalta la necesidad de garantizar un acceso a la justicia culturalmente adecuado, con perspectiva de género, para el efectivo cumplimiento de la totalidad de los derechos humanos de las niñas y mujeres indígenas, consagrados en tratados, declaraciones y otros instrumentos universales y regionales.
