En enero de 2017 el Municipio de Lanús relocalizó en un predio de ex Fabricaciones Militares a 174 familias que vivían frente al Riachuelo. Durante las jornadas en las que se desarrolló la mudanza, miembros de la Defensoría General de la Nación (DGN) constataron severas falencias constructivas, deterioro en las instalaciones y artefactos faltantes en casi la totalidad de las viviendas.
Como consecuencia de ello, ayer Mariano Gutiérrez, coordinador del Equipo Riachuelo de la DGN, junto con María Macarena Flores, secretaria y defensora coadyuvante de la Defensoría Oficial de Morón presentaron una medida autosatisfactiva. En ella solicitaron al juez federal de Morón que tiene competencia en la causa, Jorge Ernesto Rodríguez, ordenar de forma urgente al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y al Municipio de Lanús la reparación de las fallas constructivas de las 174 viviendas entregadas a los habitantes de Villa Jardín en el marco de la ejecución de la sentencia de la causa Mendoza.
Los defensores representan a los niños, niñas, adolescentes y demás personas en condición de vulnerabilidad que ocupan las nuevas viviendas. En el escrito se advierte que las personas relocalizadas, quienes debían ser trasladadas para mejorar su calidad de vida, siguen sufriendo la afectación de su derecho a la vivienda adecuada, en virtud de que las nuevas construcciones no cumplen con las condiciones de habitabilidad necesarias y generan riesgos y afectaciones para la salud e integridad personal de sus ocupantes.
En la medida manifestaron que “la magnitud del problema fue tal que casi la totalidad de las viviendas presentaron desperfectos importantes, principalmente filtraciones de agua, problema en la instalación de agua y falta de elementos esenciales de la vivienda: tanque de agua, motor de cisterna, sanitarios, etc.”.
Durante todo el año 2017 y lo que va de 2018 se denunció el deterioro progresivo provocado por esos defectos y la ineficaz tarea en la ejecución de las reparaciones de las viviendas que se encontraban en período de garantía. Los problemas se fueron agudizando con el transcurrir del tiempo, hasta llegar a algún caso de incendio y de caída de techos en viviendas.
Los representantes del Ministerio Público de la Defensa (MPD) pidieron se resuelva de forma urgente y se ordene al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Lanús la urgente reparación tanto de las fallas constructivas ya existentes al momento de la entrega de las viviendas, como de las emergentes con posterioridad a los fines de resguardar los derechos de la población ya reseñados y de cumplir con las obligaciones que la sentencia del máximo tribunal exige.
Los defensores afirmaron que los defectos constructivos y el deterioro de las viviendas ha significado un serio riesgo para la salud y la integridad física de las personas que allí viven, quienes habían sido relocalizadas en virtud de la condena que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2008, en la cual encomendó al Estado mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca.
Equipo Causa Matanza Riachuelo de la Defensoría General de la Nación
El Equipo de la DGN ha sido conformado con el objetivo de promover un integral acceso a la justicia de la población afectada por las relocalizaciones y urbanizaciones ordenadas en el marco de la ejecución de la denominada “Causa Matanza Riachuelo” (Corte Suprema de la Justicia de la Nación –CSJN- M 1569, XL -ORI- “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios - Daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza Riachuelo”), coadyuvante con la función de los defensores públicos oficiales que intervienen en el caso.
La población destinataria de las acciones son las personas en situación de pobreza y grupos vulnerables en riesgo ambiental residentes en asentamientos de la Cuenca Matanza Riachuelo (CABA, Lanús, Avellaneda, Almirante Brown, La Matanza, Esteban Echeverría Lomas de Zamora, Merlo, Morón, Marcos Paz, Ezeiza, Cañuelas, Presidente Perón, San Vicente y General Las Heras) afectados por los procesos de relocalización y urbanización llevados a cabo a través de la causa judicial.
El propósito del Equipo consiste en el despliegue de acciones de abordaje territorial que releven la situación de este conjunto de derechos afectados, tanto individual como colectivamente, para luego generar o activar las acciones prejudiciales y judiciales que permitan su real efectivización, garantizando el acceso integral a la justicia.
