El Día Mundial contra la Trata de Personas se conmemora el 30 de julio, desde 2014 por Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ante la necesidad de crear mayor conciencia de la situación de las víctimas, de promover y proteger sus derechos, así como de tomar medidas coordinadas, amplias y sistemáticas en la lucha contra la trata de personas.
Uno sus objetivos es instar a los Estados miembros a cumplir con los tratados internacionales y la obligación de actuar con la debida diligencia para combatir, prevenir, erradicar, sancionar y reparar a las víctimas de la trata de personas, sobre la base de un enfoque de derechos humanos y género. Toda omisión a este deber constituye una violación de los derechos y las libertades fundamentales de las víctimas y menoscaba o anula su ejercicio.
El 1º de septiembre de 2014, la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez (mediante la Resolución DGN Nº 993/14) creó el Programa de Asesoramiento y Patrocinio para las Víctimas del Delito de Trata de Personas, cuya función principal es intervenir en la defensa y la promoción de los derechos de las víctimas del delito de trata de personas y de explotación, su acceso a la justicia y su asistencia jurídica integral.
El Programa es pionero en prestar patrocinio jurídico en las primeras querellas y acciones civiles en la materia, en las diversas jurisdicciones del país. Entre ellas, se destaca la causa en la cual se representó a una víctima que, por primera vez, participó en el juicio oral en su carácter de querellante y actora civil. La sentencia del Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego condenó penalmente a los tratantes y solidariamente al Estado municipal de Ushuaia a pagar los daños y perjuicios a la víctima. Constituye un leading case en términos del reconocimiento de la responsabilidad estatal por incumplir el deber de actuar con la debida diligencia y el consecuente derecho a la reparación.
Además, desarrolla litigio de impacto con el fin de modificar las respuestas judiciales frente a este tipo de delitos, habiendo sentado precedentes en materia de preservar la identidad de víctimas testigos que se constituyeron en querellantes. Asimismo, en reparaciones, en casos donde las víctimas no interpusieron acción civil ni reclamo indemnizatorio alguno. También examina las estrategias idóneas, identifica, selecciona, analiza y brinda representación a víctimas de trata de personas o presenta amicus curiae en casos de violaciones paradigmáticas, de crimen organizado, participación de funcionarios públicos y de las fuerzas de seguridad, migrantes, desapariciones de víctimas, entre otros.
Desde la defensoría “se brinda un canal para fortalecer las voces de las víctimas con herramientas jurídicas”, explica Marcela Virginia Rodríguez, coordinadora del Programa. En este sentido, aclara que “es fundamental alentar la participación protagónica de las víctimas en los procesos judiciales, que sus voces puedan escucharse con el debido respeto y protección, y que en los tribunales sean reconocidas sus experiencias y su dignidad”.
Rodríguez agrega que “es crucial que el Estado en todos sus niveles implemente las políticas públicas y programas que garanticen los derechos de las víctimas. Igualmente, que quienes representen a las víctimas, así como fiscales y tribunales, reconozcan sus respectivas obligaciones para hacer efectivo el derecho a la reparación integral”.
En esta fecha, la Defensoría General de la Nación reafirma la necesidad de que los y las operadores/as del derecho aprendan de las personas sobrevivientes, les garanticen un contexto de respeto y dignidad en el cual su palabra tenga valor, y protejan su intimidad e identidad.
