A 100 años del nacimiento de Nelson Mandela, la Defensoría General de la Nación reitera su compromiso con la aplicación y promoción de las Reglas que llevan su nombre, y hace un llamado amplio a la reflexión sobre los propósitos de la cárcel y las condiciones en que deben cumplir su pena las personas detenidas.
El 17 de diciembre de 2015 la Asamblea General de Naciones Unidas reformó las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, que datan de 1955, y decidió denominarlas “Reglas Nelson Mandela”, en homenaje al legado del difunto presidente de Sudáfrica, quien pasó 27 años encarcelado por luchar por los derechos humanos y la igualdad.
En esa ocasión, la Asamblea General decidió ampliar el alcance del Día Internacional de Nelson Mandela para que también se utilice a fin de promover condiciones de encarcelamiento dignas.
Las Reglas Mandela refuerzan los estándares aplicables respecto de la población privada de su libertad. Sostienen que la protección de la sociedad contra el delito y la reducción de la reincidencia sólo pueden lograrse con una adecuada reinserción de la persona en la sociedad tras su puesta en libertad. Además, enuncian una serie de principios fundamentales que incluyen el respeto a la dignidad humana y la prohibición inderogable de la tortura y cualquier trato cruel, inhumano o degradante.
Entre otros temas proponen la investigación de todas las muertes bajo custodia, la protección y cuidados especiales de los grupos vulnerables, la necesaria independencia del personal médico, restricciones sobre las medidas disciplinarias, una regulación más precisa respecto a los registros personales, así como cuestiones relativas a las condiciones de habitabilidad, trabajo, educación, deporte y contacto con el mundo exterior.
La Defensoría General de la Nación encabezó durante 2016 una campaña para promover estos principios básicos y universales y fortalecer las bases legales en materia de encierro carcelario. En ese contexto, la defensora general de la Nación Stella Maris Martínez indicó que “en Argentina aún el mayor problema es la superpoblación. Hay cárceles muy alejadas del lugar de residencia del preso y faltante de capacitación para aquellos que están al frente de una dependencia”, sostuvo.
“La cárcel, tal como está en este momento, no sirve para evitar la reincidencia y reeducar. Debemos actuar, toda la comunidad junto con el poder judicial y el poder ejecutivo, para revertirlo. Si no se concientiza a la sociedad y se abren espacios para que las personas privadas de libertad consigan trabajo, nunca se va a revertir la situación”, explicó la titular del Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD), y agregó que, de ser aplicadas plenamente, estas Reglas podrían contribuir a cambiar lo que hasta ahora ha sido el sistema carcelario y su política de sujeción y castigo, para transformarse en una oportunidad de desarrollo personal que traiga a su vez beneficios para la sociedad en su conjunto.
Cuando dio a conocer las Reglas en 2015, la Asamblea General recalcó, asimismo, que no poseen carácter vinculante, por lo que resulta imprescindible que su vigor sea impulsado y sostenido desde todos los ámbitos hasta lograr su plena vigencia.
Es por ello que la Defensora General convoca a todos los integrantes del Ministerio Público de la Defensa a continuar promoviendo y aplicando estos estándares básicos para garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
