La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 26 de junio como el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura (Resolución 52/149), con la finalidad de erradicar ese delito internacional y lograr la aplicación efectiva y universal de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanas o Degradantes.
Según la Convención, tortura es “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.
La tortura es una grave ofensa a la dignidad humana, que genera trastornos mentales y secuelas físicas de diversa índole que pueden ser irreversibles y tardar años en manifestarse. Quienes padecen estas prácticas ven afectadas sus vidas por un importante deterioro tanto en su personalidad como en el plano de sus relaciones sociales y su desempeño laboral. El efecto psicológico que la tortura produce en la gente también se traslada al conjunto de la sociedad.
En relación al apoyo que se le debe dar a las víctimas, la Convención prevé que los Estados velarán por que sus respectivas legislaciones garanticen a la víctima de un acto de tortura “la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible”.
El derecho internacional establece, además, la obligación de los Estados de investigar de manera exhaustiva e imparcial estos crímenes y de brindar protección a las víctimas y sus familiares.
La defensa pública y su rol en el combate contra la tortura
El Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD), como organismo de promoción y defensa de los derechos humanos, realiza acciones que tienen como objetivo combatir la tortura, llevar adelante el reclamo de justicia de las víctimas y crear conciencia en la población sobre sus efectos perjudiciales.
En 2010 se creó la Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de Hechos de Tortura y otros Hechos de Violencia Institucional (Resolución DGN 1650/10) y, en 2013, el Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación (Resolución DGN 928/13). Desde su puesta en funcionamiento la Unidad ha registrado 4.160 comunicaciones sobre hechos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes (2011-2017), de los cuales más de la mitad tuvieron lugar en contexto de encierro, mientras que el resto ocurrieron en la vía pública.
El registro de casos conocidos por la defensa pública, aun cuando no son denunciados por el temor de las víctimas a represalias, es de enorme importancia porque permite el abordaje de situaciones de violencia institucional que de otra manera quedarían fuera del alcance de cualquier tipo de intervención estatal.
La Defensoría General de la Nación (DGN) cuenta, además, con un Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos, como parte de las estrategias institucionales orientadas a garantizar el acceso a la justicia de víctimas de delitos graves —en particular de violencia institucional— que se encuentren en estado de vulnerabilidad. En ese marco, los/las abogados/as de la DGN, en forma articulada con el Programa contra la Violencia Institucional, brindan patrocinio jurídico gratuito a víctima en casos testigo de tortura o tratos inhumanos y degradantes.
Difusión y concientización
La condena social es indispensable para llevar adelante el reclamo de justicia de las víctimas de tortura y brindarles la protección que necesitan para rehabilitarse de sus consecuencias. En ese sentido, los medios de comunicación pueden cumplir un rol fundamental al generar empatía en la población con las víctimas de tortura, lo que es indispensable para que surja una voluntad política que motorice investigaciones eficaces de estos delitos y que logren reducir la impunidad.
Con ese fin, el MPD ha organizado, con el apoyo o colaboración de otros organismos, diversas campañas de difusión y sensibilización sobre estas prácticas degradantes.
Una de las acciones más relevantes fue la Campaña Nacional contra la Tortura, llevada a cabo en 2013 en conmemoración de los 200 años de la Asamblea del Año XIII. En ese marco, el organismo presentó la "Guía de buenas prácticas para la intervención de los defensores oficiales ante casos de tortura", cuya finalidad es orientar a los defensores públicos oficiales en la detección y debido tratamiento de los casos de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Durante 2016, la DGN, junto con la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), impulsaron la Campaña Reglas Mandela, que dio visibilidad pública a los principios básicos y universales para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Al encontrarse en juego el respeto de los derechos humanos más elementales y al estar comprometida la responsabilidad internacional del Estado frente a la permanencia de dichas prácticas incompatibles con un estado de derecho, el MPD reafirma su compromiso para combatir y erradicar esta práctica aberrante.
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