El maltrato a las personas mayores es un problema social que afecta la salud y los derechos humanos de millones en todo el mundo. Por esa y otras razones la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 15 de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.
La Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores -aprobada por la Argentina- define al “maltrato” como la “acción u omisión, única o repetida, contra una persona mayor que produce daño a su integridad física, psíquica y moral y que vulnera el goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales, independientemente de que ocurra en una relación de confianza”.
A medida que el mundo experimenta un envejecimiento de la población, con tasas de natalidad decrecientes y aumento de la esperanza de vida, es probable que se intensifiquen las presiones que dan lugar al maltrato y a la discriminación por edad; es esperable, lógicamente, que también se incrementen los reclamos judiciales. Para afrontar este proceso es necesario que los operadores del sistema de justicia estén preparados para trabajar en el trato adecuado y en la eliminación de las barreras de acceso a la justicia por parte de las personas mayores.
En nuestro país, en la esfera del Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD), el programa de Salud, Discapacidad y Adultos Mayores de la Defensoría General de la Nación (DGN) actúa para fortalecer las capacidades de los defensores públicos de la institución en pos de garantizar los derechos de los grupos alcanzados. A través de actividades orientadas a la defensa y protección de los derechos humanos -como su reciente participación en la 7ª edición del Ciclo de Conferencias Norberto Bobbio sobre Justicia y Derecho de la Vejez, realizado en la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires-, el Programa orienta su labor a reducir los obstáculos al acceso a la justicia de las personas con discapacidad y los adultos mayores para garantizar la igualdad material en el ejercicio de sus derechos fundamentales.
Este 15 de junio, la DGN refuerza su compromiso para lograr que las instituciones públicas y privadas tomen conciencia de la problemática de la vejez y que comiencen a implementarse políticas a largo plazo para garantizar acceso a la justicia.
