El pasado martes 24 de abril una comitiva del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles realizó un monitoreo carcelario sorpresivo en la Unidad 24 del Complejo Penitenciario Federal de Jóvenes Adultos de Marcos Paz, con el objeto de constatar las condiciones de vida de las personas que se encuentran allí privadas de su libertad y el estado general de la Unidad.
La comitiva contó con la presencia su presidente, el juez Gustavo Hornos, y en representación de la Defensoría General de la Nación, Cynthia Dettano, de la Comisión de Cárceles, y Daniela Dibilio, del Programa de Violencia Institucional. Además, participaron del monitoreo Bárbara Franco, coordinadora del área de encierro de la Procuraduría contra la Violencia Institucional de la Procuración General de la Nación; Alejandra Álvarez, de la Asociación Pensamiento Penal; el jefe de despacho de la Cámara Federal de Casación Penal Nicolás Herbin y la secretaria del Sistema, Lucía Gallagher.
El monitoreo fue realizado conforme los estándares internacionales recorriendo algunos de los pabellones que conforman la Unidad 24, haciendo varios señalamientos y observaciones; algunos de urgente solución, como la falta de colchones en buenas condiciones y ropa de cama adecuada. También reclamaron por el desagote de las celdas que estaban inundadas y se canalizaron los pedidos de atención médica que se detectaron durante la recorrida por los diferentes pabellones. A su vez, se constató la normalidad en la entrega de los medicamentos retrovirales para personas con VIH.
Cabe destacar que la Unidad 24 del Servicio Penitenciario Federal actualmente aloja a todos los jóvenes de entre 18 y 21 años que antes se encontraban repartidos entre el Módulo 5 de Marcos Paz y esta Unidad. Este cambio de alojamiento obligó a las autoridades a destinar sectores que antes eran destinados a la recreación, a la construcción de pabellones colectivos que no respetan los estándares internacionales previstos, encontrándose sobrepoblados al igual que el resto de los pabellones, lo cual dificulta cualquier tipo de traslado interno y/o cambios de alojamiento.
Uno de los aspectos que destacan las funcionarias de este organismo como de mayor preocupación, resulta de la inexistencia de un pabellón destinado exclusivamente a detenidos ingresantes. En virtud de ello, estos jóvenes son alojados en pabellones comunes donde conviven con otros que se encuentran detenidos hace ya varios meses, incluso años. Este encuentro, conforme ha podido constatar el Programa contra la Violencia Institucional en diversos casos que fueron informados por los defensores públicos oficiales, deja al ingresante expuesto a problemas de convivencia, y en algunos casos agresiones y amenazas, que al no lograr ser canalizadas adecuadamente por el Servicio Penitenciario Federal, obligan a dicho joven ingresante a solicitar que se dicte una medida de resguardo de su integridad física. Al momento de la inspección, setenta jóvenes se encontraban bajo esta misma medida. La mayoría de ellos están alojados actualmente en el pabellón F, uno de los cuales fue incluido en la recorrida, constatando que se encuentra sobrepoblado en su capacidad. Otra de las graves situaciones destacadas por las mencionadas funcionarias, resulta del régimen de “doble resguardo” en el que se encuentran algunos de estos jóvenes alojados en dicho pabellón.
Los jóvenes permanecen en un régimen de encierro de 23 horas diarias, pese a no encontrarse sancionados; lo que les ocasiona una ociosidad negativa, sumada a la dificultad de incorporarse a actividades educativas laborales o recreativas de la Unidad, precisamente por no poder compartir espacios con otros detenidos. En esta situación se encontraban al momento de la visita trece jóvenes, pese a que algunos jueces a cuya disposición se encuentran dictaron órdenes de traslado hacia otros pabellones o unidades. Cabe destacar que, luego de las gestiones desplegadas por la comitiva en la visita y las acciones del Defensor Oficial que lo asiste, se logró el día jueves 26 de abril el traslado de uno de ellos hacia un pabellón de conducta.
Por otra parte, se supervisaron las acciones realizadas por el Sistema en conjunto con la Subsecretaría de la Juventud. En marzo de 2017, el Sistema y la Subsecretaría procuraron la articulación de políticas públicas dirigidas a las condiciones de vida de los jóvenes en prisión y particularmente a su capacitación y educación con vistas a su formación como personas y su progresiva integración a la comunidad.
Luego del relevamiento, que tiene en cuenta las características y particulares circunstancias de los sectores visitados, se producirá un informe detallado en donde se realizarán los señalamientos, observaciones y recomendaciones a las autoridades correspondientes. Así lo viene haciendo el Sistema por todo el país en las unidades del Servicio Penitenciario Federal y ha incluido a dependencias de fuerzas de seguridad federales, unidades provinciales y centros de alojamiento de jóvenes en conflicto con ley penal.
De esta manera, en línea con la VII Recomendación el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles reafirma su compromiso con los jóvenes privados de la libertad y el aseguramiento de la vigencia de sus derechos fundamentales.