El 19 de abril, el relator especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU, Nils Melzer, se reunió con representantes del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, integrado -entre otras instituciones- por la Defensoría General de la Nación (DGN). El Sistema tiene como objetivo fundamental instar y desarrollar acciones orientadas a asegurar la vigencia concreta de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad.
En esta oportunidad, en representación de la DGN, participaron Enrique Comellas (defensor público oficial ante la Cámara de Casación Penal y cotitular de la Comisión de Cárceles) y Luciano Hazan (secretario letrado a cargo del Programa contra la Violencia Institucional).
El Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias también está integrado por jueces federales y nacionales de distintas instancias; la Procuración General de la Nación representada por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin); la Procuración Penitenciaria de la Nación; y, en carácter de miembros consultivos, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Pensamiento Penal y la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires.
Durante la reunión, los representantes de la DGN hicieron mención a la falta de respuestas del sistema judicial a los casos de torturas y otras formas de violencia institucional y a la grave situación que afrontan los jóvenes adultos que ingresan al sistema penitenciario y son sometidos a distintas formas de violencia. También se refirieron al juicio oral y público que se está llevando a cabo en la ciudad de La Plata por torturas a las que habría sido sometido Lucas Mendoza en oportunidad de encontrarse privado de su libertad, en el marco de una condena a prisión perpetua cuando era menor de edad, por la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sancionó al Estado argentino. En ese caso, se juzga la presunta responsabilidad de cinco agentes del Servicio Penitenciario Federal en las lesiones graves ocasionadas a Mendoza durante su detención en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.
Por su parte, Melzer se mostró interesado por el rol del Sistema y se refirió al control judicial como herramienta principal para prevenir los casos de tortura y violencia en establecimientos penitenciarios.
Durante la reunión también se destacaron las actividades del Sistema desde su conformación en el año 2013, las recomendaciones de carácter general referidas a muertes en prisión, salud, sanciones, control judicial y monitoreos, género, habeas corpus y jóvenes.
Además participaron del encuentro el juez federal Gustavo M. Hornos (que preside el Sistema Interinstitucional); los jueces Antonio Pacilio, Sergio Paduczak, Vilma Bisceglia y Marcelo Peluzzi; la coordinadora del área de encierro, Bárbara Franco, y Luciana Virgolini, ambas de la Procuraduría contra la Violencia Institucional. Por la Procuración Penitenciaria de la Nación, Rodrigo Borda y Sebastián Pacilio. Por la Asociación Pensamiento Penal, Mirta López González y Alejandra Álvarez, y Eva Asprella y Macarena Fernández Hofmann, en representación del CELS; entre otros.
Encuentro con la defensora general de la Nación
El 9 de abril, el Relator Nils Melzer se reunió en el “Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos” (en la Ex ESMA) con la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, y con magistrados y funcionarios del Ministerio Público de la Defensa (MPD).
La Defensora General informó sobre todas las actividades que realiza la institución respecto a la prevención e investigación de la tortura y otras formas de violencia institucional y mencionó las preocupaciones del organismo respecto a esta problemática.
Además, la titular del MPD presentó un informe sustancial sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, elaborado a partir de la experiencia de los programas y comisiones que funcionan en la Defensoría General de la Nación (DGN), basado en el ejercicio de la defensa pública.
Junto a la Defensora General, participaron María Graciela Iglesias, secretaria ejecutiva del Órgano Nacional de Revisión de la Ley de Salud Mental; Luciano Hazan, coordinador del Programa de Violencia Institucional; Damián Muñoz, co-titular de la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes; y Guillermo Todarello, cotitular de la Comisión de Cárceles.
Durante la reunión se abordó con preocupación la situación de las personas alojadas en unidades del Servicio Penitenciario Federal y en instituciones monovalentes de Salud Mental. También se planteó la falta de respuesta judicial ante los casos de violencia institucional y se informó sobre los tratos que reciben las/os niñas, niños y adolescentes privados de libertad en los centros de régimen cerrado.
El relator especial brindó hoy una conferencia de prensa para compartir sus observaciones y recomendaciones preliminares, ocasión en la que presentó un informe final sobre sus principales conclusiones y recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2019.