El miércoles 11 de abril la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, brindó una conferencia titulada “La investigación penal de crímenes masivos y la perspectiva de las graves violaciones a los derechos humanos de mujeres y niños”. La actividad se realizó en el auditorio Guillermo Díaz Lestrem de la Defensoría General de la Nación (DGN), en el marco del seminario internacional “La investigación penal de violaciones a los Derechos Humanos. Jurisdicción internacional y mecanismos nacionales”.
En el inicio de su exposición, Bensouda celebró la realización del Seminario por ser una iniciativa “crucial para dar a conocer el Estatuto de Roma”, tratado fundacional de la CPI. La Fiscal destacó que previo a la creación de la CPI, “los delitos sexuales y de género eran silenciados y considerados como una consecuencia inevitable de las guerras y conflictos; muchos de estos delitos eran dejados impunes por la falta de un marco legal para juzgarlos”. En este sentido, remarcó que para abordar esa problemática “el Tratado de Roma consideró a la violencia sexual un delito de lesa humanidad”, y agregó que “una de las metas (refiriéndose al Estatuto de Roma) fue mejorar la investigación de los delitos sexuales y los que afectan a los niños, dado que las inequidades entre mujeres y hombres, que dan forma a las reglas de género en una sociedad, se ven amplificadas por los conflictos armados y en esos contextos los delitos sexuales y contra los niños se sub-denuncian, a pesar de que tienen un efecto devastador en la sociedad”.
Al compartir con el numeroso público presente su experiencia en la investigación penal de los delitos masivos, Bensouda ejemplificó con el caso de las milicias que actuaron en el África central: “la violación se usó como un arma de guerra, esos actos, que afectaron de manera mucho más desproporcionada a mujeres y niños respecto a los hombres, se ejecutaron en público para lograr que las comunidades pierdan su propio respeto y orgullo”.
Otros crímenes de guerra y de lesa humanidad en los que le tocó intervenir, mencionados por la fiscal durante su exposición, fueron el reclutamiento de niños para participar en las hostilidades, la práctica de matrimonios y embarazos forzados, la esclavitud sexual y laboral, la esterilización a mujeres, y el ataque contra instituciones como escuelas y hospitales. “La comisión de estos delitos, que tiene como responsables a los líderes de las milicias y a sus ejércitos, se realizó de manera simultánea e interrelacionada”, destacó.
Para finalizar Bensouda sostuvo que para juzgar exitosamente estos delitos “vamos a continuar cumpliendo nuestro rol puramente judicial, evaluando las pruebas de manera imparcial e independiente y aplicando el Estatuto de Roma”. Además, manifestó su optimismo con el trabajo de la CPI porque afirma que ayudará a las jurisdicciones nacionales a combatir los delitos contra la humanidad. En este sentido “aplaudió” los esfuerzos que se realizaron en Argentina respecto a este tipo de delitos.
Compartieron el estrado con Bensouda el procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y profesor de la UNLa, Víctor Abramovich; y la profesora de la Universidad de Buenos Aires y vicepresidente del Comité Consultivo sobre candidaturas de la CPI, Mónica Pinto.
Abramovich analizó patrones comunes de violencia institucional de género que se presentan en casos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos -que se producen en contextos masivos y sistemáticos-, y se refirió a la relación que existe entre esas formas de violencia, que involucran de manera directo o indirecta a los Estados, y la desigualdad estructural entre hombres y mujeres. Señaló que la impunidad, en muchos casos, se vincula a la existencia de estereotipos de género que afectan en el trabajo de la Justicia y del Ministerio Público, y que impiden avanzar con las investigaciones al relativizar el testimonio de las víctimas.
Por su parte, Mónica Pinto comentó tres momentos que se producen en las investigaciones de las violaciones a los derechos humanos y cómo se llegó a abordarlas desde una perspectiva de género. El primero es aquel en el cual la sociedad civil de manera informal recaba datos sobre los crímenes cometidos, como sucedió en el contexto latinoamericano durante los años 70. El segundo momento coincide con la vuelta a las democracias, cuando el Estado se involucra y crea comisiones de investigación. Finalmente el tercero es el que se produjo en los ’90, en el que se intenta determinar las responsabilidades de los hechos con el establecimiento de tribunales penales internacionales. “El enfoque de género en los delitos de lesa humanidad llegó recién en el siglo XXI, porque nos faltaba a todos conciencia de que muchos de esos crímenes se perpetraban contra determinadas víctimas por el solo hecho de ser mujeres”, subrayó.
El seminario, que concluye hoy, es organizado por el Instituto de Justicia y Derechos Humanos “Luis Eduardo Duhalde” de la UNLa, y aborda las temáticas, las prácticas y los problemas en torno a la investigación penal de violaciones a los derechos humanos por parte de los organismos internacionales (la Corte Penal Internacional y otros órganos de tratados) así como la experiencia en Argentina.
