La Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, presentó ante el Congreso el informe de gestión de 2017 del Ministerio Público de la Defensa (MPD). Se trata de un documento que expone la labor llevada a cabo durante ese período y se estructura en dos grandes ejes: las políticas y acciones emprendidas por su organismo jerárquico, la Defensoría General de la Nación (DGN), y la actuación de las distintas dependencias del MPD de todo el país.
En el informe se destaca la importancia de la sanción de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos y la creación de la figura del Defensor Público de la Víctima. La norma citada incorporó veinticuatro (24) cargos de Defensor Público de la Víctima con asiento en las distintas provincias del país y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como consecuencia de ello fueron convocados los respectivos concursos públicos de antecedentes, cuya tramitación culminará en el transcurso del presente año.
Por otra parte, ante la sanción de la Ley 27.272, por la cual se estableció un procedimiento especial para casos de flagrancia, se conformaron treinta y tres (33) grupos de actuación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. En atención al déficit estructural de magistrados en la jurisdicción, y a fin garantizar una defensa técnica de calidad, los grupos se encuentran integrados por defensores públicos coadyuvantes de la DGN e intervienen de forma integral en todas las etapas del proceso.
En el ámbito de la Defensoría General de la Nación, la Secretaría de Concursos sustanció cuarenta y seis (46) concursos, entre los que se destaca la convocatoria para tres (3) cargos de Defensor General Adjunto y los de Defensor Público de la Víctima. Además, se tomó juramento de ley a dieciséis (16) nuevos magistrados. La Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia, por su parte, organizó a lo largo del año ciento veintidós (122) cursos destinados al personal del área de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y, al igual que en años anteriores, las dependencias del interior del país recibieron la misma cantidad de horas de capacitación que los agentes del área metropolitana.
Los Programas y Comisiones de la DGN también ocupan un espacio destacado en la primera parte del informe, donde se detalla lo realizado en 2017 por la Comisión sobre el Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes; Comisión del Migrante; Comisión para la Asistencia Integral y Protección del Refugiado y Peticionante de Refugio; Comisión de Cárceles; Comisión sobre Temáticas de Género; a las que se suman los siguientes programas: para la Aplicación de Tratados de Derechos Humanos; para la Asistencia Jurídica a Personas Privadas de Libertad; de Atención a las Problemáticas Sociales y Relaciones con la Comunidad; de Asistencia y Patrocinio Jurídico; de Resolución Alternativa de Conflictos; de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; sobre Diversidad Cultural; sobre Temáticas de Salud, Discapacidad y Adultos Mayores; contra la Violencia Institucional; de Asesoramiento y Patrocinio para las Víctimas del Delito de Trata de Personas; y el Equipo de Trabajo en Centros de Acceso a la Justicia.
Además, se resalta el trabajo del Área de Relaciones Institucionales en el Ámbito Internacional, a través de la cual se organizaron y ejecutaron tareas junto a organismos internacionales integrados por las máximas autoridades de la defensa pública regional y continental (Asociación interamericana de Defensorías Públicas, AIDEF; Reunión Especializada de Defensores Públicos Oficiales del Mercosur, REDPO; Bloque de Defensores Oficiales del Mercosur, BLODEPM), así como proyectos de cooperación con el Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea y con la Embajada del Reino Unido.
El segundo eje de este informe de gestión releva lo actuado por las dependencias del MPD, en el ámbito nacional (actuaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ante la Cámara Federal de Casación Penal); de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fueros: federal, penal económico, criminal y correccional, en lo penal de menores, de ejecución penal, civil, comercial y del trabajo; el trabajo de defensores públicos tutores y defensores públicos curadores); y en las distintas regiones del interior del país (Centro, Centro Sur, Cuyo, Gran Buenos Aires, Noreste, Noroeste y Patagonia).
El informe, acompañado por un documento que compila estadísticas desde el 1º de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2017, contiene un texto introductorio firmado por la defensora general. Allí, Stella Maris Martínez sostiene que “los estándares regionales consignados (recomendaciones dictadas en el ámbito de la OEA y del MERCOSUR) y, especialmente, la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa posicionan a la Defensa Pública como garantía de protección de los derechos humanos y de acceso a justicia, ocupando un rol preponderante en el sistema judicial”. Y concluye que “son estos los objetivos que motivan la labor del Ministerio Público de la Defensa […] Los desafíos presentes y venideros, los cuales reafirman el valor de esta Institución, serán abordados con una finalidad común: garantizar los derechos de todas las personas y, en especial, de aquellas que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad”.
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