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Una delegación conformada por integrantes del Ministerio Público de la Defensa (MPD), junto a Patricia Laurenzo Copello -doctora en Derecho, catedrática de la Universidad de Málaga- y representantes de EUROsociAL+, participarán entre el 19 y el 23 de febrero de una misión de trabajo en Costa Rica.

La actividad se llevará a cabo en el marco del proyecto "Elaboración, implementación y difusión de estrategias de defensa de mujeres infractoras víctimas de violencia de género o en situación de vulnerabilidad” (ver apartado) y tiene como fin recabar información sobre las prácticas que se realizan en ese país, que cuenta con un modelo alternativo de prisión para mujeres en dicha situación.

Durante su estadía, los funcionarios del MPD tienen pautada una nutrida agenda de entrevistas y reuniones con integrantes de la Corte Suprema y otros miembros del Poder Judicial de Costa Rica. Así también, desarrollarán actividades con defensores/as que litiguen en casos específicos de mujeres imputadas por delitos de drogas, así como con los equipos auxiliares que colaboran con la realización de informes sociales. Está programada, además, una visita al Centro de Atención Integral Vilma Curling (cárcel de mujeres) del país centroamericano.

En representación del MPD, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, designó a Julieta Di Corleto, Secretaria General de Capacitación y Jurisprudencia; Raquel Asensio, Secretaria Letrada a cargo de la Comisión sobre Temáticas de Género; Sebastián Van Den Dooren, Secretario Letrado de la Defensoría General de la Nación a cargo de la Unidad de Relaciones Institucionales en el Ámbito Internacional; y Analía Alonso, Jefa de Departamento a cargo del Programa de Atención a las Problemáticas Sociales y Relaciones con la Comunidad.

Costa Rica, un modelo alternativo
En Costa Rica existe un modelo alternativo de prisión para mujeres en condiciones de vulnerabilidad. En el 2013, la Asamblea Legislativa de ese país reformó la ley Nº 8204 sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

Mediante la adición del artículo 77 bis, la ley establece que:

“La pena prevista en el artículo anterior será de tres a ocho años de prisión, cuando una mujer sea autora o participe en la introducción en establecimientos penitenciarios de sustancias tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas y cumpla una o varias de las siguientes condiciones:

a) Se encuentre en condición de pobreza.

b) Sea jefa de hogar en condición de vulnerabilidad.

c) Tenga bajo su cargo personas menores de edad, adultas mayores o personas con cualquier tipo de discapacidad que amerite la dependencia de la persona que la tiene a su cargo.

d) Sea una persona adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad.

En caso de que se determine alguna de las condiciones anteriores, el juez competente o el juez de ejecución de la pena podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta, en modalidad de detención domiciliaria, libertad asistida, centros de confianza, libertad restringida con dispositivos electrónicos no estigmatizantes o cualquier tipo de medida alternativa a la prisión”

EUROsocial+
EUROsocial+ es un programa de cooperación entre América Latina y la Unión Europea que pretende reforzar las políticas públicas nacionales en materia social, de buena gobernanza e igualdad de género, con la finalidad de aumentar el nivel de cohesión social y reforzar las instituciones responsables de su aplicación.

La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, resolvió llevar a cabo (mediante la Res. 1320/17) el proyecto "Elaboración, implementación y difusión de estrategias de defensa de mujeres infractoras víctimas de violencia de género o en situación de vulnerabilidad”, desarrollado en el marco de la firma de una carta compromiso con el Programa EUROsociAL+, suscripto el 5 de julio de 2017.

El objetivo del proyecto es el de desarrollar estrategias de defensa específicas para mujeres que afrontan acusaciones en la justicia penal y su posterior implementación en casos reales que tengan como resultado esperado respuestas judiciales sensibles a la problemática de género.

En el marco de las actividades del proyecto, en agosto del 2017 se realizó un taller de diagnóstico, donde hubo un intercambio de experiencias entre las expertas Patricia Laurenzo Copello, Rita Segato (doctora en Antropología Social y profesora del Departamento de Antropología de la Universidad de Brasilia) y los funcionarios y magistrados de la Defensoría General.

En paralelo, la colaboración entre el programa y el organismo que encabeza Martínez, implementó un segundo proyecto: “Promoción del acceso a la justicia en materia de derechos económicos, sociales y culturales (Fase 1: diagnóstico y hoja de ruta)”. Su objetivo es fortalecer la intervención de las defensorías públicas oficiales en las problemáticas relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales identificadas como prioritarias para la población en situación de vulnerabilidad, optimizando el impacto de dichas intervenciones.