La Defensoría General de la Nación participó de una mesa de trabajo en la que representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación pusieron en consideración de la defensa pública oficial un proyecto de protocolo para la aplicación del “Programa piloto sobre justicia terapéutica. Tratamiento integral de infractores con consumo problemático de sustancias psicoactivas”.
Esta iniciativa de resolución alternativa de conflicto intenta dar una repuesta no penal a la cuestión de la adicción considerándola una problemática de salud y, para ello, requiere del involucramiento de distintos actores además de la supervisión judicial. “La justicia terapéutica es un paradigma legal que versa sobre el estudio del rol de la ley como agente terapéutico”, define en su web la Asociación Argentina de Justicia Terapéutica.
La iniciativa, que se basa en la experiencia de los Tribunales de Tratamiento de Drogas en Chile desde el año 2004, “procura implementar un tratamiento integral tendiente a reducir el consumo de sustancias psicoactivas, evitar incurrir en conductas delictivas y favorecer la integración social de los participantes.” En una primera etapa, como programa piloto, el proyecto quedaría circunscripto a un universo de hasta treinta casos testigo, y se llevará a cabo a través de la intervención del Juzgado Nacional de Ejecución Nº 5, que asumirá el rol de Tribunal de Justicia Terapéutica (TJT).
El proyecto de protocolo establece requisitos para la solicitud y propuesta de ingreso al Programa Piloto. Los postulantes podrían ser “personas que se encuentren en una situación de consumo problemático de sustancias psicoactivas, y hayan obtenido la suspensión del juicio a prueba o la condena de ejecución condicional en el marco de un procedimiento de flagrancia.”
La reunión se realizó ayer por la tarde en la sede central de la DGN y participaron Santiago Otamendi, secretario de Justicia; María Sol Purita, coordinadora de Asuntos Internacionales de la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios; Roberto Moro, de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR); María Jimena Monsalve, titular del Juzgado Nacional de Ejecución Penal N° 5 de la Capital Federal. Por parte de la Defensoría General de la Nación estuvieron presentes Patricio Giardelli, secretario general de Coordinación; Patricia Azzi, secretaria general de Política Institucional; Gustavo Iglesias, coordinador de Programas y Comisiones; María Graciela Iglesias, secretaria ejecutiva del Órgano Nacional de Revisión de la Ley de Salud Mental; y Guillermo Todarello, defensor público oficial y cotitular de la Comisión de Cárceles; entre otros funcionarios.
