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El pasado lunes, los defensores públicos oficiales Enrique Comellas y Maximiliano Dialeva Balmaceda y la integrante del Programa contra la Violencia Institucional Natalia Pandolf, participaron de una reunión del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles a fin de reafirmar su compromiso con el derecho a la educación en contextos de encierro.
 
En el encuentro el presidente del Sistema, el juez federal Gustavo Hornos, manifestó su preocupación por la situación que atraviesa la prestación de enseñanza primaria, secundaria y universitaria que se brinda en los establecimientos penitenciarios. En tal sentido, para garantizar el derecho a la educación en contexto de encierro, se solicitó a las autoridades que se arbitren todos los medios necesarios para asegurar condiciones de trabajo dignas y seguras para todos los maestros y profesores que dictan clases en los establecimientos penitenciarios; particularmente en la cárcel de Devoto.
 
En septiembre, en oportunidad de monitorear el Centro Universitario que funciona en la cárcel de Devoto, el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles había realizado una serie de señalamientos especialmente en relación a la continuidad de los programas de educación y a la importancia del espacio educativo para la reinserción al medio libre. Por entonces, las autoridades del Complejo se comprometieron a asegurar la continuidad de los programas y a colaborar para que el derecho a estudiar se haga extensivo a la mayor cantidad de internos alojados en la Unidad.
 
En la jornada estuvo presente el secretario de justicia, Santiago Otamendi, así como integrantes del Programa UBA XXII, del Centro Universitario Devoto, de la Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Área de Jóvenes y Adultos y el CELS. Además, por el Sistema asistieron los jueces Mariano Hernán Borinsky, Luis F. Niño, Antonio Pacilio, Vilma Bisceglia y Alicia Vence.