Hoy por la mañana, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, brindó una conferencia titulada “El acceso a la justicia como derecho humano fundamental”, en el marco de su participación en el “Congreso Internacional sobre Acceso a la Justicia” que se desarrolla en la ciudad de San José de Costa Rica.
En su exposición la defensora general de Argentina conceptualizó al derecho a la defensa como “un derecho humano fundamental vinculado al derecho de acceso a la justicia, que es el medio para restablecer el ejercicio de esos derechos que han sido desconocidos o vulnerados.”
“El acceso a la justicia es la puerta de entrada a los distintos cauces institucionales provistos por los estados para la resolución de conflictos”, explicó. “Tanto los instrumentos internacionales de derechos humanos como nuestras propias leyes internas reconocen una serie de derechos que en la práctica no están vigentes. Para revertir esa situación, los Estados deben prever mecanismos para que cualquier persona pueda acceder a la justicia y lograr convertir en letra viva lo que muchas veces es mera letra muerta”, sostuvo.
La defensora general afirmó que “el acceso a la justicia no se agota con el ingreso de las personas a la instancia judicial, sino que se extiende a lo largo de todo el proceso hasta la ejecución de la sentencia.” En ese sentido, señaló que “en muchos de nuestros países, una vez que se ha dictado sentencia, la parte de ejecución, fundamentalmente en el área penal, es bastante olvidada.” Según Martínez “no se garantiza el acceso a la justicia sólo con brindar a las personas la posibilidad de presentarse frente a un juez. Sino que el acceso a la justicia incluye además todo el proceso recursivo y la ejecución de la sentencia.”
La defensora también detalló que el acceso a la justicia abarca tanto los mecanismos formales como los informales de resolución alternativa de conflictos, “si nos limitamos a considerarlo como exclusivamente llegar ante un juez, disminuimos muchísimo la potencialidad del concepto”, opinó.
Martínez hizo referencia a la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa y detalló su función principal de defender y proteger los derechos humanos, garantizar el acceso a la justicia y la asistencia jurídica integral, tanto en casos individuales como colectivos. Como medidas tendientes a la protección de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, la defensora general explicó la labor de los programas y comisiones que funcionan en el ámbito de de Defensoría General de la Nación en patrocinio a víctimas de delitos como la trata de personas, violencia institucional y de violencia de género. También se refirió a la reciente sanción de la ley de Derechos y Garantías para las Víctimas de Delitos que asignó al MPD la función de brindar patrocinio a las víctimas de delitos graves en general.
También resaltó que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) dictó seis resoluciones sobre la labor de la defensa pública de la región, en las que se insta a que sea autónoma y autárquica, y reconoce su rol de garante de los derechos humanos.
Congreso Internacional Acceso a la Justicia
El evento se realiza los días 29 y 30 de noviembre en las instalaciones del Organismo de Investigación Judicial dependiente del Poder Judicial de la República de Costa Rica. El objetivo del Congreso es promover un espacio de reflexión sobre el acceso a la justicia que permita “orientar procesos institucionales que contribuyan a mejorar la eficacia y eficiencia en el desempeño judicial, para ofrecer a todas las personas un servicio de calidad de acuerdo a las necesidades y especificidades”.
Los organizadores también consideran al acceso a la justicia como un valor que puede “contribuir al fortalecimiento de la paz universal, erradicar la pobreza y promover el desarrollo sostenible, en congruencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, acordados por las Naciones Unidas en 2015.
Entre los temas que se abordan durante las dos jornadas se encuentran justicia pronta y cumplida; prevención y lucha contra la corrupción; tecnología, transparencia y rendición de cuentas; investigación, innovación, colaboración y alianzas estratégicas; género y acceso a la justicia; y poblaciones en condiciones de vulnerabilidad.
El Congreso reúne representantes del Poder Judicial, de la academia, el gobierno y la sociedad civil costarricenses y a expertos internacionales, quienes brindan conferencias magistrales e intervienen en paneles temáticos.
En el marco de esta actividad, también se promueve el uso de las nuevas tecnologías en la administración de justicia, en especial para facilitar el acceso a la justicia.
